PUEBLA, Pue. (apro).- El rector de la Universidad Iberoamericana-Puebla, Fernando Fernández Font, criticó las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y reprobó la represión y autoritarismo que han caracterizado a la administración del gobernador Rafael Moreno Valle. En estos dos años, subrayó, el gobierno de Peña ha sido deficitario en gobernabilidad, democracia y justicia social, pues no ha resuelto los problemas más graves del país que persisten en el país: violencia, pobreza, injusticia, inequidad, violación sistemática de derechos humanos, expansión de enclaves autoritarios y Estado fallido. Al hacer un análisis del contexto en que se ha desarrollado el primer año de su rectorado, Fernández Font señaló que las expectativas por las reformas que propuso el Pacto México se han diluido al quedar en evidencia que lo que mueve a los partidos no son los intereses de la sociedad, sino la lucha por el reparto del poder y del erario. Una a una, el rector criticó las reformas impulsadas hasta ahora por el gobierno federal. Sobre la educativa, dijo que se trató más de una reforma laboral que de una propuesta transformadora del sistema educativo del país. Respecto de la reforma de telecomunicaciones, censuró que “de nueva cuenta” se beneficie a los grandes propietarios de medios de comunicación, y a los medios públicos y comunitarios se les condene a ser “pocos, pequeños y pobres”. “Mientras se mantenga a los monopolios no habrá diversidad ni pluralidad, sino que habrá concentración mediática que uniforma y estandariza”, recalcó. En cuanto a la reforma energética, el rector de la Ibero mencionó que se vislumbra un panorama complicado y sombrío, pues originará que se reduzcan los recursos fiscales para los municipios, estados y para el propio gobierno federal. “En resumen, las reformas en materia educativa, de telecomunicaciones y de energía no han logrado resolver de raíz los problemas de México, pues no consiguen destrabar los intereses de los poderes fácticos, ni los privilegios partidistas y de los grandes inversionistas de capital privado y extranjero que ven en nuestro país un jugoso negocio”, apuntó. Además, resaltó que todo este debate se ha dado en medio de la protesta social, que ahora enfrenta mayores adversidades “por la tendencia nacional de deslegitimar y criminalizar la crítica y  la disidencia en complicidad con algunos medios de comunicación”. De igual manera, señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha establecido mecanismos ni protocolos para registrar, investigar y dar seguimientos a los casos de desapariciones forzadas, que suman casi 26 mil en el país. Sobre el gobierno estatal, el rector advirtió que los contrapesos en Puebla son cada vez más inexistentes y que ello ha permitido que se aprueben leyes “polémicas” que no han sido sometidas a la discusión pública ni al análisis que se esperaría en un régimen democrático. Los derechos humanos en la entidad, añadió, se encuentran amenazados por las tentaciones del gobierno de Moreno Valle de  autoritarismo y represión gubernamental contra la protesta social. En rueda de prensa, luego de concluir su informe, Fernández Font sostuvo que tanto a nivel federal como estatal, los resultados de los gobierno son cuestionables, pues cada vez hay más pobreza y más injusticia, al mismo tiempo que se pretende implantar un mayor control. En el caso de Puebla, mencionó que la aprobación de las leyes Bala y de Expropiación demuestran un sometimiento del Legislativo local, además de que no se intenta promover leyes que beneficien a la población, sino mayores formas de control y autoritarismo. No sólo eso, afirmó que también existe un temor a ser crítico “porque ocurren consecuencias”, como sucedió al académico Ricardo Pérez Avilés, quien sufrió persecución y amenazas.