CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Hace 16 meses, activistas de la asociación Alianza Sierra Madre (Asmac) abandonaron la Sierra Tarahumara por temor a perder la vida a manos de los caciques o de los narcotraficantes que han sentado sus reales en las poblaciones asentadas en dicho lugar, uno de los más pobres del país. Con las medidas de protección dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH) y la custodia de elementos de la Policía Federal, dicho grupo se dispone a continuar con su trabajo comunitario con la población indígena de Choréachi, perteneciente al municipio de Guadalupe y Calvo. Desde ahora, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado al gobernador César Duarte Jáquez para que garantice la seguridad de las personas que viajarán a esa zona del 11 al 16 de septiembre. Y es que la directora y el asesor jurídico de Asmac, Isela González Díaz y Ernesto Palencia Gómez, respectivamente, están amenazados de muerte al punto de impedirles trabajar en la región. También las autoridades de Choréachi son hostigadas y acosadas de manera constante por caciques y grupos delictivos que buscan arrebatarles sus tierras para sembrar mariguana y amapola. En conferencia de prensa, Isela González puntualizó que ella, Palencia Gómez y la comunidad indígena tienen “medidas cautelares para su protección”, emitidas por el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza una valoración de riesgos. De acuerdo con Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Chihuahua es uno de los estados más riesgosos para los defensores de derechos humanos, y exigió a los gobiernos federal y estatal que brinden seguridad a los activistas de Asmac que viajarán a Choréachi. “La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) obligan al Estado a tener medidas en materia de protección, y ahora Alianza Sierra Madre decide regresar y defender sus derechos humanos, por eso exigimos que se garantice su seguridad. Estamos preocupados por su integridad física y emocional”, enfatizó. Castro Rodríguez subrayó que desde tiempo atrás han advertido a las autoridades del peligro que corren defensores de derechos humanos. Y destacó los casos de Marisela Escobedo Ortiz y el matrimonio conformado por Ismael Solorio Urrutia y Martha Manuela Solís Contreras, los cuales fueron asesinados. Asimismo, exigió que se investiguen las advertencias contra González Díaz y Palencia Gómez, “porque hay un expediente abierto que detalla las amenazas de los caciques contra la comunidad y la asociación”. Gabino Gómez Escárcega, representante de El Barzón, aseguró que la comunidad de Choréachi vive “en una zona controlada por grupos armados en contubernio con las autoridades”. Chihuahua, añadió, “es un Estado fallido porque opera la ley del narcotráfico y tala bosques. No es posible que (los activistas) no puedan ir a desempeñar su trabajo”, lanzó. El Centro de la Mujer Trabajadora, la Red por la Participación Ciudadana y Casa Iskra también manifestaron su apoyo a los miembros de Asmac y a la comunidad de Choréachi, y pidieron a las autoridades estar muy pendientes de la actividad y trabajo de quienes viajarán a ese lugar. “Hacemos un llamado al gobernador del estado para que tome medidas y brinde seguridad. Que ponga atención en esa región que lo necesita. Hay que visibilizar lo que sucede a unas horas de la capital, en hechos en los que la autoridad ha sido omisa”, señaló Francisca Jiménez Barrientos, coordinadora de la Red por la Participación Ciudadana. Isela González explicó que durante 40 años Choréachi ha luchado por su territorio y ha ganado algunas acciones legales por el aprovechamiento forestal. No obstante, a partir de la violencia que se desató entre los narcotraficantes por el control del territorio, “los caciques han emprendido campañas de amenazas y hostigamiento”. El año pasado, dijo, asesinaron a dos de sus compañeros y hay una persecución constante contra la Asmac y autoridades de la población. Choréachi es parte de las comunidades indígenas que el mes pasado acudieron a la ciudad de México para exigir que las autoridades federales y estatales atiendan sus demandas, y lograron que un grupo de visitadores de la CNDH y agentes federales escolten a los pobladores y activistas para retomar el trabajo que dejó pendiente la Asmac. Durante el tiempo que permanecerán en la comunidad, organizarán talleres sobre tecnologías orgánicas para el combate de plagas, restaurarán la escuela de la comunidad, y ofrecerán consultas gratuitas y medicamentos. Además, por primera ocasión realizarán un intercambio cultural mestizo rarámuri para mostrar conocimientos culturales, y los niños pintarán un mural en las paredes de la escuela, apoyados por jóvenes de la organización Casa Iskra.