OAXACA, Oax. (apro).- Creada para investigar los hechos ocurridos durante el conflicto sociopolítico de 2006 en esta entidad, la Comisión de la Verdad informó que analizará la actuación de todos los servidores públicos implicados en dichos sucesos, entre ellos los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y el exgobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz. El organismo, integrado por el padre Alejandro Solalinde Guerra; la investigadora Marina Patricia Jiménez Ramírez, y el periodista y escritor Diego Enrique Osorno González, precisó que realizará un trabajo “comprometido y exhaustivo”, aunque lastime muchos intereses. De acuerdo con el sacerdote católico, el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, cambió el escenario nacional porque mostró el verdadero rostro del país: un México con una grave violación a derechos humanos. Entonces, dijo que “hay factores de presión social y hay instancias nacionales e internacionales con las cuales podemos presionar” para que se castigue a los culpables. El año pasado, añadió, Ayotzinapa “nos enseñó que estos procesos ya no están en manos de las autoridades políticas ni en manos de los gobiernos, ni siquiera de ningún partido, estos procesos están en la sociedad civil, y esta Comisión (de la Verdad) no es del gobierno ni de ningún partido, es de la sociedad civil y, por lo tanto, esto tiene consecuencias muy importantes”. La Comisión de la Verdad estará en manos de la sociedad civil y será ella la que tenga que decir cómo van a prosperar las conclusiones y los trabajos, que no son aislados, son uno más del concierto nacional en este contexto de agravios, de esa búsqueda de justicia para que no se repita, subrayó el fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino. Insistió en que la Comisión está más allá de los cálculos y manejos políticos. Está en manos, dijo, de la sociedad civil, “por eso nos consideramos autónomos, independientes, como para no concluir correctamente como la gente espera. Nadie nos va a parar, ni queremos salvar a nadie”. Diego Osorno manifestó que en la Comisión de la Verdad –a la que se asignó un presupuesto de 12 millones de pesos– “nadie se siente subordinado a ningún gobernador, a ningún funcionario o líder, sino que nos sentimos subordinados a las víctimas, a ese gran sector de Oaxaca que fue agredido”. Por ello, invitó a la sociedad civil y a los periodistas a aportar información, porque “su participación es clave al ser testigos privilegiados y muchos más víctimas de campañas de odio”. El escritor advirtió que se revisará toda evidencia o prueba que les permita comprobar la comisión de delitos, las faltas administrativas, las violaciones a los derechos humanos y, en su caso, la consumación de delitos de lesa humanidad. A su vez, la defensora de derechos humanos Marina Jiménez reconoció que aunque las recomendaciones que emita la Comisión de la Verdad no son vinculantes, “Oaxaca puede generar otro tipo de condiciones para que el informe no quede en manos de las instituciones del Estado, ya que en la medida en que la sociedad oaxaqueña se apropie de esta investigación, puede ser instrumento importante para que se haga justicia”. Lo lamentable, subrayó, es que “estas violaciones (que se cometieron en 2006 y 2007 en Oaxaca) ya se extendieron a todo México. Y consideró que el informe que presentarán en marzo de 2016 no debe quedar como un documento con letras que testimonien y recojan las voces y luego queden en el silencio, “porque México hoy está en una sacudida profunda y hay una crisis de Estado en materia de derechos humanos donde hay más fondo qué tocar”. De acuerdo con Jiménez, la presión internacional puede ser importante para que se acaten los resultados del informe y porque, dijo, hay resoluciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dan una serie de elementos que tienen un carácter de obligatoriedad para el Estado Mexicano en materia de derechos humanos.