PUEBLA, Pue. (apro).- En su cuarto informe de gobierno, Rafael Moreno Valle “tendría que hablar sobre lo que su administración hizo mal, principalmente del asesinato de mi hijo José Luis, a quien no se le ha hecho justicia”, reclamó Elia Tamayo. “Yo le daría un cero en lo que está haciendo… Dice que todo está bien cuanto todo está mal, cuando esconde lo que hace. Que hable de la muerte de mi hijo, de lo que hizo mal, de que no hay justicia”, reclamó la mujer a seis meses de los hechos. Tamayo volvió a señalar al gobernador de Puebla como el “verdadero culpable” de la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, herido en la cabeza por granaderos que desalojaron y reprimieron a habitantes de Chalchihuapan durante la manifestación del pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco. La madre del menor se quejó de que a la fecha, los únicos que están en prisión son cinco pobladores de Chalchihuapan y el edil auxiliar, Javier Montes Bautista. Ellos, dijo, se manifestaron para defender los derechos de sus comunidades, mientras que los policías que dispararon los cartuchos de gas contra la población fueron liberados desde la noche del 24 de diciembre. Aunque la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el pasado 11 de septiembre pidió al gobernador ofrecer una disculpa pública a los afectados y otorgar una reparación económica de daños, Elia Tamayo no ha recibido ninguno de esos desagravios. Misraim Hernández, representante del Contingente Puebla, aseguró que no se puede permitir que el asesinato de un niño quede impune. Recalcó que el responsable político es el gobernador Moreno Valle, mientras que el funcionario a cargo del operativo y, por lo tanto, responsable directo fue el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas. “No vamos a permitir que el gobernador de Puebla haga camino a la Presidencia de la República con la muerte de un niño a cuestas y con las violaciones graves de derechos humanos, con violaciones a los derechos de los pueblos indígenas”, reclamó Hernández. Llevarán caso a cumbre en Paraguay El activista en derechos de la infancia, Alan Jiménez, anunció que la exigencia de justicia para Tehuatlie Tamayo será la bandera que enarbolará este año el Movimiento Latinoamericano de Niños y Niñas Trabajadores. Durante una conferencia de prensa, agregó que en la cumbre mundial que hará esta organización internacional en marzo próximo en Asunción, Paraguay, se rendirá un homenaje al niño poblano ante la presencia de su madre. Como parte de las actividades programadas, anunció que iniciarán una campaña internacional de cartas que se entregarán a las embajadas y consulados extranjeros en México para pedir un pronunciamiento ante el Estado mexicano y obligar al gobierno de Moreno Valle a cumplir con la recomendación de la CNDH. Jiménez agregó que van a reiterar la demanda de reparación del daño, justicia y cárcel para los culpables del asesinato, la disculpa pública del gobernador y la libertad a los presos políticos de la administración morenovallista. La peor crisis en derechos humanos A manera de contrainforme presentado por comunidades y organizaciones poblanas, Misraim Hernández, representante del Contingente Puebla, aseguró que bajo la administración de Moreno Valle, la entidad vive “la peor crisis” de violaciones a los derechos humanos de su historia. Mientras que el gobierno estatal divulga en los medios electrónicos los supuestos avances de Puebla, criticó se esconden cifras que hablan sobre graves problemas. Entre los índices negativos mencionó el segundo lugar en trata de personas, cuarto en pobreza, quinto en pornografía Infantil, segundo en asalto a transeúnte y en ataques a periodistas, cuarto en fraudes y en robo a autobuses, décimo segundo en extorsión y robo a negocios. De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional contra el Feminicidio en México, se estima que durante el gobierno de rafael Moreno Valle se han cometido alrededor de 240 homicidios contra mujeres. “Nos indignan los feminicidios de todas las mujeres, nos indigna la impunidad, pero nos indigna más la indiferencia de todas las autoridades y la procuración de justicia del estado de Puebla que se dedica a perseguir a activistas y defensores de derechos humanos y no detiene ni sentencia feminicidas”, expresó Natalí Hernández, del Comité contra el Feminicidio en Puebla.