MÉXICO, D.F., (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional ya le corrió la invitación para visitar única y exclusivamente el 27 batallón Militar de Iguala, con una comitiva de padres de los normalistas desaparecidos. Además, condenó los hechos de violencia protagonizados por los cetegistas. Ningún acto de violencia, subrayó, puede ser justificado. En entrevista con Radio Fórmula, el ombudsman nacional comentó que espera tener una respuesta de los familiares el próximo lunes a más tardar a más tardar para agendar la visita al cuartel militar de Iguala. "Somos respetuosos de los padres de familia, estaremos atentos a la respuesta que nos den los familiares. Ayer nos comunicamos con sus representantes, y quedamos en volvernos a comunicar el lunes para conocer los detalles de esta dinámica", dijo. Ayer, el representante legal de los familiares, Vidulfo Rosales, anticipó la postura de sus asesorados al asegurar que no operarán a través de la CNDH. El ombudsman nacional recordó además que la CNDH ya integra una investigación por violación a los derechos humanos en este caso y “en ese sentido es que aceptamos la invitación de la Secretaría de la Defensa Nacional para acudir al cuartel de Iguala". González Pérez confió en que haya sensibilidad por parte de los actores involucrados para que se pueda satisfacer la inquietud de recorrer el cuartel militar de Iguala, el más cercano al lugar donde desaparecieron 43 normalistas el pasado 26 de septiembre. Sobre los actos de violencia registrados el jueves pasado en Chilpancingo, Guerrero, dijo que ningún acto de violencia puede ser justificado. "Ningún acto de violencia puede ser justificado, sea la autoridad o servidor público que en uso indebido de la fuerza incurre en la misma, no está exento de que se le aplique la ley. Se debe retomar el camino de la ley, del estado de derecho. Es un tema que en cualquier circunstancia de violencia debe ser reprobable, se debe de aplicar la ley. "El Estado debe generar las condiciones que permitan que los ciudadanos vivan en tranquilidad y que ejerzan en plenitud sus derechos. Una protesta sin armas y violencia se respeta, pero si estas se exceden desde luego el Estado puede aplicar la ley", dijo. El jueves pasado, maestros disidentes participaron en diversos actos de violencia en Chilpancingo. Intercambiaron pedradas con policías antimotines frente al Congreso local, luego se trasladaron al auditorio Sentimientos de la Nación para suspender una conferencia magistral convocada por la Coparmex y quemaron una patrulla de Tránsito. Sobre el caso Tlatlaya, el ombudsman nacional señaló que la labor que realiza es de seguimiento y de cumplimiento de su recomendación. Recordó que el caso no tenía calificación de “violaciones graves” a los derechos humanos y dada la magnitud de los hechos decidió emitir un acuerdo reclasificando esa calificación. "Los hechos de Tlatlaya no tenían esa calificación (de graves) desde el origen de la investigación, y luego en la emisión de la recomendación yo identifiqué esta circunstancia y emití el acuerdo precisamente para que se dimensione la gravedad de los hechos” en los que perdieron la vida varias personas después de un enfrentamiento, y luego se registraron excesos en la actuación de servidores públicos de la Defensa Nacional y del Estado de México. González Pérez comentó que la relevancia de que se cataloguen los hechos como “violaciones graves” a los derechos humanos radica en que de esta forma radica en que las investigaciones administrativas de las averiguaciones previas en los tres ámbitos tengan en cuenta esa circunstancia. "Y por otro lado tiene que ver con lo que recientemente resolvió el Ifai. Tiene impacto sobre la transparencia, sobre acceso a la información (…) catalogados como graves (los hechos en Tlatlaya), se tiene el derecho a acceder a ellos", puntualizó González Pérez.