MÉRIDA, Yuc. (apro).- El grupo defensor de los derechos humanos Indignación criticó las acciones plasmadas en el segundo informe de gobierno de Rolando Zapata Bello porque, aseguró, “evidencian el trato de súbditos” que da a los ciudadanos, “como si las acciones de gobierno fueran un beneficio concedido por la magnanimidad del monarca”. Ninguno de sus proyectos de gobierno, apuntó, fortalecen al ciudadano como sujeto de derechos. En su informe de gobierno presentado el domingo 18, Zapata Bello destacó las “acciones de beneficencia” en lugar del reconocimiento de los derechos, lo que va en detrimento de la igualdad y el fortalecimiento de la ciudadanía, señaló la organización. “Sin perspectiva de derechos humanos y en particular de los derechos económicos, sociales y culturales en el diseño de la política pública, el anuncio de regalos que profundizan una relación de desigualdad, junto con la persistencia de la tortura, el desconocimiento de los derechos del pueblo maya y la debilidad para hacer frente a la violencia de género, nos llevan a cuestionar severamente al gobierno y el informe con el que pretendió hacer propaganda”, acusó. Las acciones del estado, sostuvo, deben estar guiadas por el bienestar público, puesto que se trata de acciones públicas que se realizan con recursos que también son públicos, por lo tanto los objetivos y los mecanismos o procedimientos a través de los cuáles se concreta la acción gubernamental deben buscar “el mayor bienestar posible de la forma más eficiente”. Esa eficiencia, comentó Indignación, encuentra en la plataforma de los derechos humanos un punto de referencia que puede reconducir al estado al cumplimiento de sus objetivos fundamentales. “Más allá de criterios empresariales de productividad y eficacia, es indispensable que la política pública tenga una perspectiva de derechos humanos y cuente con mecanismos de evaluación en su implementación, gestión, resultados e impacto”, agregó. Asimismo, subrayó que la política pública de un gobierno estará a la altura de la dignidad de sus ciudadanas, “a quienes está llamado a servir”, siempre y cuando sus acciones fortalezcan a las personas, concebidas éstas no como beneficiarios de la acción gubernamental, sino como sujetos de derechos con poder de decisión, y si dichas acciones están en la línea de lograr los más altos estándares en materia de derechos humanos. “Las acciones enlistadas por el gobernador en su informe no contribuyen a ese fortalecimiento”, resaltó. De acuerdo con la agrupación, toda acción gubernamental tiene que estar encaminada a respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, creando las medidas que permitan el acceso al máximo nivel de disfrute de esos derechos. De nada sirve, por ejemplo, que se construyan “220 espacios educativos” si el derecho a la educación no cumple con los estándares de calidad, disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, como lo exige el derecho internacional aceptado y ratificado por el Estado mexicano, apuntó. “Una herramienta importante para verificar si la perspectiva de los derechos humanos rige la acción gubernamental es el máximo uso de los recursos disponibles”. En ese sentido, manifestó que la atención al campo, tal como la describió Zapata Bello en su informe, muestra la adjudicación de créditos y prebendas a los empresarios del campo y no a las familias productoras. “A la falacia de un gobierno que genera empleos se añade el desdén gubernamental por las acciones que favorezcan una producción inocua y sana, que apunte hacia la soberanía alimentaria”, acotó. Y advirtió que aunque el Poder Legislativo quede satisfecho con las acciones de este gobierno, “muchos ciudadanos no”, por lo que exigió a los gobiernos estatal y municipales que elaboren su agenda pública “desde los más altos estándares de derechos humanos y con criterios de impacto que sean estructurales, procesales y verificables”. “No nos conformamos con menos”, afirmó, e insistió que la repartición de tinacos, chamarras y zapatos revelan la pobreza de miras del gobierno de Zapata Bello y desmienten la pretensión de que su gobierno sea distinto de los que lo han precedido. “El gobierno de Rolando Zapata está muy lejos de cumplir con los estándares en materia de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales”, resumió.