MONTERREY, N.L., (apro).- Jesús Adrián Lara Rodríguez, El Gordo, integrante de una banda de secuestradores encabezada por Antonio González Abad, El Mocho –ambos detenidos la semana pasada–, fue arrestado anteriormente por un plagio cometido en septiembre de 2011, pero quedó en libertad porque el Ministerio Público no pudo demostrar su responsabilidad. De acuerdo con reportes de prensa, luego de ser detenido en aquella ocasión, El Gordo confesó el ilícito y una de sus víctimas lo reconoció, sin embargo, esas pruebas no fueron suficientes para dictarle una sentencia condenatoria. Según el juez que llevó el caso, el fiscal debió acudir al domicilio de donde escaparon las personas a quien Lara Rodríguez tenía secuestradas y efectuar una inspección, pero no lo hizo. El acusado confesó que laboraba para Los Zetas como halcón y que su trabajo era vigilar la avenida Diego Díaz de Berlanga, una de las más transitadas del municipio de San Nicolás, para alertar a sus cómplices de la presencia de policías. El Gordo pertenecía a la banda de Antonio González Abad, quien trabajaba como escolta de la alcaldesa con licencia, Margarita Arellanes, actual precandidata panista a la gubernatura del estado. El pasado viernes 17 se dio a conocer que El Mocho fue detenido en Zapopan por su presunta participación en una banda de plagiarios zetas. Con él fueron capturados Jesús Adrián Lara Rodríguez; Bernardino Bautista Arenas, El Berna, y Abraham Herrera Encina. Trascendió que otros tres policías de esta capital, relacionados con la banda, se encuentran prófugos. El pasado domingo 18, el equipo de campaña de Arellanes acusó al gobierno estatal de fallas en las pruebas de confianza, ya que pese a su pasado delictivo, certificó que González Abad estaba capacitado para hacer trabajo de vigilancia policiaca. En respuesta, el procurador nuevoleonés, Adrián de la Garza, aclaró que en enero de 2012, al terminar las pruebas que aplicó el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (Cisec), dependiente del gobierno estatal, se le indicó al municipio regiomontano que González Abad estaba apto para laborar, “pero con restricciones”. El funcionario precisó que después de recibir esa información, era responsabilidad del municipio dar seguimiento al comportamiento del escolta, quien –advirtió el Cisec– estaba en riesgo potencial de vincularse con organizaciones delictivas y denotaba precario control de sus impulsos. El gobierno estatal recomendó al municipio efectuar a El Mocho exámenes toxicológicos sin previo aviso, verificar su honestidad y fortalecer la supervisión en su persona. Luego de esas declaraciones, Margarita Arellanes aseguró que el funcionario estatal era utilizado para atacarla, como parte de la guerra sucia emprendida en su contra previo a los comicios estatales del próximo 7 de junio.