CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El gobernador César Horacio Duarte Jáquez recibió hoy en sus oficinas a una comisión de padres de familia de los menores que presentan altos niveles de plomo en la sangre debido a la contaminación del suelo provocada por la fundidora Ávalos que operó por años en los terrenos donde actualmente se encuentra el fraccionamiento Rinconada de Los Nogales. En el encuentro, que se llevó a cabo media hora antes de lo programado y en el que estuvieron presentes el subsecretario de Electricidad, César Hernández Ochoa, y los representantes legales de los paterfamilias, el mandatario se comprometió a dar una respuesta concreta sobre la contingencia en los primeros días de febrero. Sin embargo, advirtió luego en entrevista con medios de comunicación que no actuará hasta tener la evidencia científica, que demuestre que está contaminada la zona. Los vecinos del fraccionamiento Rinconada Los Nogales piden la inmediata reubicación, el cierre de la escuela y un seguro médico de por vida. Juan Felipe Ponce, defensor de derechos humanos de uno de los comités de vecinos afectados, dio a conocer que los padres lo único que pidieron fue la reubicación y seguridad jurídica. “Urge que sean reubicados”, dijo. El gobierno estatal aplicó un estudio a más de 360 niños, niñas y adolescentes, mismo que fue enviado a los laboratorios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que entregará los resultados en un plazo no mayor de tres meses, lo cual en opinión del representante legal es mucho tiempo para tener en riesgo a las familias. A raíz de que se asoció la presencia de la exfundidora con la sintomatología que presentan un buen número de menores -- sangrado nasal constante, caída del cabello, manchas en la piel y dolores intensos de cabeza y cuerpo--, los habitantes de Rinconadas Los Nogales viven una especie de psicosis. Por esa razón, Ponce detalló que los padres de familia requieren documentos que les den certeza sobre la transparencia del tema, porque está de por medio la salud de los hijos y el mismo patrimonio. Con él coincidió la dirigente de otro de los comités de vecinos, Guadalupe Arrieta Chávez, quien además dijo que la audiencia con el gobernador no los dejó totalmente satisfechos porque no la mesa de trabajo que se realizará la primera semana de febrero, no era la respuesta que esperaban. En dicha mesa, indicó, se trataba como tema urgente la reubicación, porque los vecinos no quieren habitar más en el lugar donde están propensos a afectar más su salud. Duarte Jáquez aseveró que ha sostenido reuniones con autoridades federales para tratar el tema de Rinconada Los Nogales y aseguró que darán prioridad a la salud de las personas. Dijo que las secretarías de Salud, Educación y Cultura y Desarrollo Urbano, han tratado el problema, y refirió que él no puede asegurar que hay contaminación como lo aseveran los vecinos y que esperará a tener datos científicos, para actuar. "Y no puedo ni acreditarlo ni negarlo porque ha habido distintos ejercicios", justificó. Platican con legisladores Una docena de padres de familia se reunió luego con el senador Javier Corral Jurado y la diputada local Ana Lilia Gómez Licón, a quienes pidieron su apoyo para lograr su reubicación. En la reunión, los padres reiteraron que fueron engañados por las autoridades de salud y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al ocultarles información sobre las condiciones reales y los diagnósticos médicos realizados a sus hijos. Resulta increíble, argumentaron, que tengan esos niveles de envenenamiento sin ser mineros. Pero lo que más lamentaron es que sus hijos ya no podrán realizar actividades en su vida futura por el daño permanente. Corral Jurado dijo que dicha zona nunca debió ser ocupada, máxime cuando ahí opero una siderurgia. Además se comprometió a denunciar el caso ante las instancias federales, sobre todo, por el ocultamiento de la contaminación que presentan los menores en la sangre. Según Corral, el estudio practicado a 119 estudiantes que viven en el fraccionamiento revela que presentan altos índices de plomo y arsénico en la sangre. La zona afectada alberga alrededor de mil 25 viviendas.