Diputados exigen fiscalizar indemnizaciones a afectados por ecocidio en Sonora

miércoles, 21 de enero de 2015
HERMOSILLO, Son. (apro).- La Comisión legislativa que investiga la contaminación en los ríos Sonora y Bacanuchi solicitó al gobierno federal que fiscalice los 2 mil millones de pesos aportados por Grupo México para atender a la población damnificada de siete municipios de la entidad. La diputada perredista Lorenia Valles Sampedro señaló que la entrega inequitativa de indemnizaciones ha generado un sinnúmero inconformidades entre los pobladores de los municipios afectados con el derrame de 40 millones de litros de metales pesados, el 6 de agosto del año pasado. “Hemos encontrado muchas irregularidades e injusticias en cada uno de los municipios visitados y me interesa saber al igual que al resto de los integrantes de la Comisión el destino de los recursos del Fideicomiso y definir cómo se han ejercido”, expuso. En una lista de beneficiarios de la Secretaría de Economía filtrada en el municipio de Ures, ubicado a 77 kilómetros de esta capital, aparece el nombre del empresario ribereño, Víctor Martínez, con 1.3 millones de pesos. Dicha persona es dueño de cuatro comercios. En cambio, la población en general sólo recibió 14 mil 500 pesos. El presidente del Fideicomiso del Río Sonora, Rodolfo Lacy Tamayo, informó a la Tercera Comisión Permanente de San Lázaro que a la fecha se han invertido 768 millones en la remediación del ecocidio, equivalente a 10 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de esta región, lo que derivó en aumentó el PIB per cápita mensual de 840 a 8 mil 198 pesos. El municipio de Aconchi recibió 48. 1 millones de pesos; Arizpe, 73.9 millones; Banámichi , 49.4 millones; Baviácora, 57.3 millones; Huépac, 41.1 millones; Cananea, 14. 4 millones, y Ures, 235.9 millones. “El 15 de febrero concluirá el resarcimiento social, e iniciará la remediación y limpieza de ecosistemas para que recuperen las condiciones previas al derrame”, anunció el también subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. No obstante, desde que los desechos mineros se desbordaron de la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México, los afectados han bloqueado en doce ocasiones la carretera que une a los siete poblados; han marchado dos veces hasta el Palacio de Gobierno de Hermosillo para exigir mayor atención del Estado y el próximo viernes presentarán 500 diagnósticos médicos de personas afectadas por la exposición a metales pesados que no han recibido apoyo económico alguno.

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