XALAPA, Ver. (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) ya solicitó al Congreso local un “juicio de procedencia” en contra del alcalde panista de Medellín, Omar Cruz Reyes, para que “responda” por su participación, en la modalidad de autoría intelectual, del secuestro y posterior homicidio doloso del reportero de “La Unión”, José Moisés Sánchez Cerezo. La solicitud de desafuero fue presentada por el fiscal general Luis Ángel Bravo y confirmada por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, el expanista José Ramón Gutiérrez de Velasco, hoy del PRI. Sin embargo, los resultados que el domingo por la noche anunció el gobierno de Javier Duarte han tomado otros matices, pues Jorge Sánchez Ordóñez, hijo de la víctima, duda de la versión de la FGE de que su padre fue encontrado muerto, degollado y cercenado la madrugada del sábado en un paraje de la carretera de Manlio Fabio Altamirano. En entrevista, Jorge Sánchez expuso que el cuerpo y las características físicas no “concuerdan” con los su padre. “Yo fui a verlo, tengo muchas dudas de que sea él, las características no concuerdan, pese a la huella (que mostró la FGE); hubiesen utilizado la prueba genética, yo ya pedí la intervención de la PGR”, advirtió. El hijo del periodista de “La Unión” explicó: “El procurador ayer me citó y sólo me dio una reseña, creo que tienen que darme una base por escrito y bien detallada, hay contradicciones en lo que dicen, muy posiblemente, insisto, no sea el cuerpo de mi padre”, alertó. En contraste, el fiscal general Luis Ángel Bravo admitió en entrevista con Noticias MVS primera emisión que “no es un cuerpo que pueda, a través de los sentidos, reconocerse, pues estaba brutalmente lastimado, es algo dantesco”. El procurador afirmó que ni siquiera se pudo comprobar que la ropa que portaba el cuerpo estuviera en condiciones de reconocerse y que hacer una descripción de las condiciones en que fue hallado el cadáver “atentaría contra la dignidad de la familia”. Además, abundó, en la prueba dactilar que se realizó tomando la huella de un dedo del cadáver comparada con la de un acta de matrimonio del periodista, se encontraron 35 de las 16 coincidencias que se exigen por ley y también se llevan a cabo estudios de ADN. El procurador comentó que Jorge Sánchez, hijo del periodista asesinado, quiso ver el cuerpo encontrado el fin de semana, pero debido a las condiciones en que estaba decidió esperar a que las instancias federales confirmen, con base en los estudios de ADN, si se trata de su padre. “Se le explicó (a Jorge) que lamentablemente las condiciones que presenta el cuerpo son bastante lamentables… no podría haber una identificación física, para confirmar o descartar la identidad del cuerpo”, subrayó Bravo. También dijo estar abierto a que peritos independientes, como en el caso Iguala, Guerrero, revisen las pruebas de ADN que se llevan a cabo. Sin embargo insistió en que los peritos confirman que los restos pertenecen al periodista, quien fue sacado de su vivienda el viernes 2 de enero con el único objetivo –dijo— de ser asesinado por encargo del chofer del alcalde y subdirector de la Policía Municipal, Martín López Meneses, quien a su vez habría actuado por instrucción del alcalde panista Omar Cruz Reyes, porque el comunicador “calentaba” la zona con las denuncias que hacía. El asesino confeso del periodista, identificado como el expolicía intermunicipal Clemente Noé Rodríguez Martínez, señaló “de forma clara y contundente, la forma y los motivos por los cuales lo privaron de la vida el mismo día en que se lo llevaron”, señaló el procurador. Hay “evidencias públicas, hasta en redes fluyen videos donde se acreditan diferendos entre Moisés y el alcalde” de Medellín, Omar Cruz Reyes. También hubo amenazas. “Tengo elementos para tener certeza probable de la participación del alcalde”, justificó el titular de la FGE. Esta noche, reporteros de Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos e incluso otras entidades han salido a las plaza públicas a protestar por el anuncio que hizo la FGE luego de 23 días que duró “desaparecido” el también activista Moisés Sánchez y al que el gobierno de Duarte ya dio por masacrado. En la plaza Lerdo, los comunicadores exhibieron una manta de solidaridad con la familia de Moisés Sánchez y exigieron a la clase política respeto a la libertad de expresión. Desde la Ciudad de México, la organización Artículo 19 mostró su desconfianza en los resultados de la investigación que dio a conocer el gobierno priista. En un comunicado, Artículo 19 expuso que para confirmar la identidad del cuerpo resulta urgente que la Procuraduría veracruzana y la PGR realicen la confrontación de ADN y emitan sus resultados de manera inmediata. Además, “atendiendo a la exigencia de la familia de Moisés Sánchez, es fundamental la intervención de peritos independientes, aparte de que el procurador Luis Ángel Bravo ha accedido a que se realicen estos terceros exámenes. Sólo así se podrá tener la certidumbre de que el cuerpo encontrado es el del periodista. “A pesar de que la Procuraduría estatal afirma que es suficiente la prueba dactilar, para la familia Sánchez la prueba ADN será la que brinde certeza plena”, acotó. La organización que desde el “levantón” de Moisés Sánchez asesoró y respaldo a la familia del reportero de “La Unión” reparó en que, en la rueda de prensa de ayer, la Fiscalía solo muestra un video editado sobre una declaración autoinculpatoria del supuesto autor material del homicidio. “Ese video genera dudas porque no fue expuesto de manera completa, es decir, se editó dejando únicamente el contenido que convenía al relato de la Procuraduría. Artículo 19 tendrá que revisar el video completo en aras de verificar que no se alteró la intención del presunto responsable”, sentenció. En el comité estatal del PAN, su presidente José de Jesús Mancha reafirmó el respaldo al edil de Medellín, Omar Reyes Cruz, y aseguró que en el gobierno de Duarte hay una premura y prisa por inculpar a un edil de su partido, caso en el que las pruebas ministeriales son escasas, y un video de un “delincuente confeso” no basta –dijo-- “para llegar a la verdad”. Mancha aseguró que así tarde seis meses el juicio de Omar Reyes, el PAN seguirá apoyando al aún servidor público, apelando al “principio de presunción de inocencia”. Ayer por la noche, la FGE informó que fue detenido el expolicía intermunicipal Clemente Noé Rodríguez Martínez quien, con otras cinco personas, “privó de la vida” al reportero por instrucciones del alcalde Omar Reyes Cruz, de acuerdo con lo asentado en la investigación ministerial 01/E/2015. Rodríguez Martínez confesó que el asesinato de Moisés Sánchez fue un “encargo” del chofer del alcalde y el subdirector de la Policía Municipal, Martín López Meneses, quien a su vez habría actuado por instrucción de Cruz Reyes. El fiscal Luis Ángel Bravo informó que solicitó al Poder Legislativo el desafuero del edil panista para que así la dependencia que encabeza libere una orden de aprehensión. Bravo puntualizó: “Clemente Noé Rodríguez confesó haber participado, junto con otras cinco personas, en estos hechos. Rodríguez era miembro de una banda dedicada a la venta de droga en ese municipio, y en su declaración reconoció que la muerte de Moisés Sánchez la realizaron por encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, así como del chofer y escolta personal del presidente municipal, Omar Cruz Reyes”. Sin embargo, esta versión no resultó creíble para la familia de Moisés Sánchez Cerezo, que considera este resultado “exprés” como una estrategia del gobierno de Duarte para “darle carpetazo” al caso. Este martes acudirán a Servicios Periciales y al Semefo peritos de la PGR para “corroborar” la versión de la Fiscalía General del Estado. En las entrevistas que ofrecieron Bravo y el hijo de Moisés Sánchez por separado existe contradicciones, pues el titular de la Fiscalía aseguró que además de la “huella dactilar” del cuerpo encontrado coincide con la del acta matrimonial del reportero de “La Unión”, también hay coincidencias en la “carencia” de diversos dientes en el cuerpo encontrado en Manlio Fabio. En contraste, Jorge Sánchez reviró que “la dentadura” del cuerpo mostrado no coincide con la de su padre y que la huella del documento conyugal es “muy vieja” como para ser utilizada como prueba fehaciente. “Estoy arrepentido” Este mismo día, el exagente municipal Noé Clemente Rodríguez Martínez rindió su declaración preparatoria en el Juzgado Quinto de Primera Instancia. El presunto asesino material del activista ofreció disculpas a la familia de su víctima y dijo que si hubieran sabido que era periodista, no lo secuestran y asesinan. Además, exigió "respeto" al nombre de su familia. "Si era compañero de ustedes yo lo ignoraba. Una disculpa", soltó. --¿Estás arrepentido? --Sí, señor. Noé Clemente Rodríguez fue trasladado de la prisión preventiva "El Penalito" de la Policía Naval de Playa Linda hasta el Juzgado Quinto de Primera Instancia. El expolicía ratificó ante el juez lo que declaró en la FGE, donde dijo que el subdirector de la Policía de Medellín le pidió “el favor” para el alcalde panista Omar Cruz, a quien el reportero le "estorbaba" por publicar en redes sociales hechos delictivos en la zona. Sobre Clemente Rodríguez pesa el delito de homicidio culposo calificado, lo mismo contra Martín López Meneses, exsubdirector de la Policía Municipal de Medellín, en tanto que los policías José Francisco García y Luigi Heriberto Bonilla Zavaleta serán sujetos a proceso por haber facilitado la huida de los presuntos criminales, cuyos vehículos vieron pasar, pero nada hicieron por detenerlos. Según su testimonio, ambos obedecieron órdenes de López Meneses, quien a su vez presuntamente actuaba a solicitud del alcalde, cuyo abogado Sergio Vaca anunció que tramitará un amparo federal en caso de que prospere su desafuero. De confirmarse lo dicho por el titular de la FGE, Moisés Sánchez se convertiría en el décimo primer periodista asesinado en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, quien lleva cuatro años y dos meses de gobierno. Apenas la semana pasada Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso, cumplió mil días de haber sido asesinada y, hasta el día de hoy, el crimen continúa impune, pues la extinta PGJE, hoy convertida en Fiscalía, ha sido incapaz de hallar al segundo indiciado, Jorge Adrián Domínguez, “El Jarocho”, mientras el otro culpable, José Hernández, “El Silva”, fue condenado a 32 años y 8 meses de prisión.