México, D.F., (apro).- El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, afirmó que el abasto de agua para la población que vive en comunidades cercanas al río Sonora quedó restablecido. En conferencia de prensa, el portavoz aseguró que el gobierno federal cumplió con su responsabilidad de contener los daños ambientales ocasionados por el derrame de tóxicos en agosto pasado, además de obligar a la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, a reparar los estragos ecológicos que ocasionó. “La primera etapa de este trabajo concluyó porque se indemnizó a las personas, empresas y campesinos afectados. El agua de ríos y arroyos es apta para el consumo”, dijo. La segunda etapa, señaló, consistirá en el mejoramiento de la zona afectada, labor que ejecutará el Fideicomiso Sonora, que cuenta con un presupuesto de 2 mil millones de pesos que le fueron entregados por Grupo México, por orden de las autoridades ambientales. Presente también en la conferencia, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra, indicó que el derrame de tóxicos que se registró el 6 de agosto pasado provocó el cierre de 322 pozos, afectando a la población local. Por tal motivo, sostuvo, fueron entregados 27 mil 522 apoyos, que beneficiaron a un total de 22 mil 878 lugareños. Ahora, según los funcionarios federales, la población ya no tendrá ningún problema en cuanto al abasto de agua limpia. El pasado 28 de noviembre, alrededor de 150 personas tomaron el palacio municipal de Aconchi, Sonora, en protesta por los escasos apoyos recibidos tras la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de la mina Buena Vista del Cobre. Los inconformes cerraron las puertas del inmueble con cadenas y lo cercaron con pancartas. A pesar de que las autoridades federales ya habían levantado la emergencia, hasta esa fecha continuaban las deficiencias en el abasto de agua potable, la población no había recibido apoyos económicos y seguía sin reactivarse con éxito la economía regional. Es más, los habitantes de esa comunidad se negaban a consumir agua de los 34 pozos supuestamente rehabilitados por temor a sufrir los efectos de la contaminación al estar ubicados a 500 metros de los márgenes de la cuenca sonorense. El alcalde Pedro Armando Lugo informó en aquella ocasión que el cierre de la sede municipal obligó a su gabinete a continuar con sus actividades diarias sobre las banquetas y calles aledañas al edificio. “De cierta manera los entiendo y los apoyo porque desde que se presentó la contingencia la entrega de apoyos no ha sido equitativa, situación que no entienden los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora”, puntualizó. A las demandas de los residentes de Aconchi se sumaron las de los alcaldes de los siete municipios afectados con el derrame de tóxicos.