AI pide a la PGR atraer el caso de periodista asesinado en Veracruz

jueves, 29 de enero de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- Con el argumento de que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Veracruz no garantiza una indagatoria imparcial, Amnistía Internacional solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso del fundador y reportero del periódico La Unión, Moisés Sánchez Cerezo. En un comunicado, el organismo internacional señaló que la PGJ suma hasta ahora “reiterados fracasos” en las investigaciones sobre el esclarecimiento de ataques contra periodistas en Veracruz, por lo que su trabajo genera cuestionamientos. Y agregó que si se confirma que el cuerpo localizado por la Procuraduría estatal corresponde a Sánchez Cerezo, sería el decimosexto caso de periodistas asesinados en la entidad en los últimos 15 años. De acuerdo con AI, la investigación que presentó la PGJ, sustentada en una declaración auto inculpatoria de un supuesto partícipe del delito, genera serias dudas. “Preocupa gravemente la identificación de un patrón en el actuar de las autoridades estatales y federales frente a casos de desaparición, iniciado por la falta de debida diligencia en las primeras horas de la desaparición, seguido de la falta de información oportuna y veraz a los familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación, y la conclusión de las líneas de investigación con resultados basados en confesiones”, puntualizó el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz. La organización sostuvo que la desaparición forzada del reportero, el pasado viernes 2 –cuando fue privado de la libertad por un grupo de sujetos armados que irrumpió en su casa, en el municipio de Medellín de Bravo–, estaría relacionada con su trabajo de informar sobre la situación política y de seguridad de su comunidad. Asimismo lamentó que la actuación de las autoridades estatales no se hubiera encauzado “con la debida diligencia” en la búsqueda con vida del periodista, pese a que sus familiares presentaron la denuncia correspondiente. Adicionalmente, apuntó, “preocupa que las más altas autoridades estatales, incluyendo al gobernador del estado, hayan negado la actividad periodística de la víctima”, quien en diversas ocasiones denunció la corrupción de las autoridades locales y la situación de inseguridad de la zona. Según el texto, la organización ha recibido información que indica que los familiares y los representantes legales de Sánchez Cerezo no tienen plena confianza en la identificación del cuerpo hallado por la PGJ. “Ante estas dudas, es necesario que se realicen de inmediato las pruebas periciales necesarias, incluyendo identificación por ADN”, apuntó. En casos de esta naturaleza, añadió, se debe garantizar el trato digno a los familiares, en especial en lo relativo a proporcionarles información oportuna sobre la evolución del caso, incluyendo la búsqueda permanente de sus seres queridos y el proceso de identificación de los cuerpos, de tal forma que se evite la revictimización. También es necesario que se adopten medidas de protección para garantizar que los familiares de José Moisés Sánchez Cerezo no sean objeto de ningún tipo de represalias, sostuvo. Amnistía Internacional destacó que días antes de su desaparición, el fundador de La Unión habría recibido una amenaza vinculada con el presidente municipal de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes. Además, los hombres armados que lo sacaron de su casa se habrían llevado algunas de sus pertenencias, entre ellas su computadora y equipos celulares, agregó. Y resaltó que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 2010 a enero de 2015, al menos 97 periodistas fueron asesinados y 22 han desaparecido en los últimos 10 años. “La falta de voluntad y la incapacidad de las autoridades para investigar adecuadamente estos delitos, junto con un sistema judicial ineficiente, perpetúan la impunidad casi absoluta en estos casos”, concluyó.

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