PUEBLA, Pue. (apro).- El Movimiento Autónomo Indígena Zapatista (MAIZ) pidió al arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, intervenir ante el gobierno de Rafael Moreno Valle para lograr la libertad inmediata de indígenas que han sido detenidos “por motivos sociales”. Alfredo Lozano Ortega, en representación de la organización MAIZ, solicitó en una misiva la intervención de la Iglesia católica para que el gobierno poblano se desista de las órdenes de aprehensión dictadas en contra de cientos de ciudadanos poblanos, también por participar en protestas o movilizaciones sociales. Los inconformes solicitan asimismo que el arzobispo Sánchez Espinosa intervenga ante el gobernador Moreno Valle para que se deroguen leyes que afectan a la población y el regreso al diálogo para la solución de los problemas sociales en la entidad. En otros posicionamientos, la organización MAIZ ha señalado que existen elementos para fundamentar una acusación en contra del gobernador por el delito de discriminación con el agravante de odio hacia los habitantes de pueblos originarios, luego de que tan sólo en el 2014 encarceló a más de 30 indígenas que participaron en movimientos sociales. En la carta al arzobispo, el MAIZ hace un recuento de algunos de los casos, como el arraigo de la comisariada ejidal Enedina Rosas Vélez, la muerte en prisión de Delfino Flores Melga pese a contar con 90 años de edad, así como la utilización de balas de goma contra la población indígena de Chignahuapan y Chalchihuapan, que causaron la muerte del niño José Luis Tehuatlie. También denuncia “agresiones, detenciones y represiones” a los trabajadores de mototaxistas, del “Hospital del Niño Poblano”, a la población indígena de Cacalotepec, así como a las radios comunitarias indígenas de Zacatepec y Tlaxcalancingo. Asimismo, incluye en este recuento el “despojo” de los Registros Civiles a las Juntas Auxiliares, así como la represión a sus manifestaciones de inconformidad y la aprehensión de los presidentes auxiliares de las comunidades indígenas de Ajalpan, Canoa, Resurrección y de Chalchihuapan. “Las leyes recién aprobadas a todas luces injustas, caras y criminales para la población, como lo son la “privatización del agua potable en 25 municipios”, “la de expropiación sin derecho a audiencia” y la terrible “ley bala” entre otras”, refiere la agrupación. Aparte, menciona las detenciones de los cuatro líderes religiosos de Cholula, encabezados por Adán Xicale, así como del dirigente de la agrupación de comerciantes ambulantes “28 de Octubre”, Rubén Sarabia y su hijo. Se trata, acusó el MAIZ, “de terrorismo de Estado y de tortura para las familias, como también lo son para todos y todas las familias indígenas poblanas que tienen un familiar preso o procesado por motivos sociales y de protesta contra la arbitrariedad de los actos de gobierno de Rafael Moreno Valle”. Por ello, recalca, “solicito su inmediata intervención para lograr la libertad inmediata de los y las indígenas poblanas; el desistimiento de las ordenes de aprehensión dictadas en contra de cientos de ciudadanos poblanos, la derogaciones de las leyes criminales y el regreso inmediato al diálogo para la solución de todos y cada uno de los problemas sociales en Puebla”.