TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Seis indígenas que fueron capturados el pasado martes 6, junto con otros 22 compañeros, demandaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que ponga fin a la extorsión que sufren en el interior del penal El Amate, en Cintalapa. De igual manera, destacaron que el proceso que les sigue el Juzgado Segundo está plagado de irregularidades. En una carta que envió a la CEDH a través de Horacio Rafael Salcedo Hernández, su abogado, Gregorio Jiménez Gómez –excandidato del PVEM a la presidencia municipal de Amatenango del Valle– precisó que él y sus compañeros fueron aprehendidos en Palacio de Gobierno y no durante el desalojo de la policía para desbloquear la carretera en el crucero de Las Rosas, donde se encontraban sus seguidores para protestar por el triunfo del candidato del partido Chiapas Unido, Marcelino Gómez Navarro. Precisó que fueron citados a dialogar en la Secretaría General de Gobierno, en esta capital, pero fueron engañados. Ahí, dijo, policías estatales los detuvieron y posteriormente los trasladaron al penal de El Amate. Según el expediente de la causa penal (242/15) turnado al Juzgado Segundo de Tuxtla Gutiérrez, Jiménez Gómez, Pedro Zepeda Álvarez, Fidel López Zepeda, Juan León Calvo, Isabel Díaz Gómez y Domingo Gómez López, están acusados de los delitos de motín y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio de la colectividad y el estado en agravio de la sociedad. En la queja presentada ante la CEDH, el abogado defensor de los indígenas destacó que al momento de su detención, aquéllos se encontraban afuera de Palacio de Gobierno, a la espera de la audiencia que había sido confirmada con anterioridad, pero fueron sorprendidos y llevados de forma violenta a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado. “Los despojaron de sus pertenencias personales, los mantuvieron incomunicados, tratando de hacerles firmar documentos de los cuales desconocían su contenido, por ser estos indígenas con un idioma distinto al castellano, dejándolos en estado de indefensión por no decirles de forma puntual cuales eran las acusaciones en su contra. Después de eso los trasladaron al Cereso N° 14 ‘El Amate’, ubicado en la ciudad de Cintalapa, Chiapas y ahora están a punto de que se les dicte auto de formal prisión por un delito que no cometieron”, señaló el abogado. Añadió: “Estas personas son indígenas de Amatenango del Valle, Chiapas, se encuentran regidos bajo sus usos y costumbres, y tienen como lenguaje un idioma distinto al castellano. Debieron hacerles las consideraciones pertinentes para que se cumplieran los principios y derechos que establece la Constitución, dada la naturaleza de los hechos. Por lo anteriormente pido a usted C. presidente la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, derivado de las evidentes violaciones en materia de derechos humanos, que dicte las medidas cautelares correspondientes”. En el mismo documento, Salcedo Hernández destacó que sus clientes son víctimas de amenazas “tendientes a probables actos de extorsión”, por lo que solicitó al organismo de derechos humanos que les otorgue las medidas cautelares correspondientes, “para que sean protegidos de manera inmediata en su integridad física, y que sea enviado un visitador para que los revise en su integridad física y les tome la declaración correspondiente”.