CANCÚN, Q. Roo (apro).- La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdheqroo) emitió una recomendación dirigida al procurador Carlos Arturo Álvarez Escalera, luego de comprobar que Héctor Cacique Fernández, detenido por su presunta participación en el multihomicidio del bar “La Sirenita”, en esta ciudad, fue sometido a tortura. En su recomendación (17/215), el presidente de la Cdheqroo, Herley Sosa Guillén, pide que se inicie un proceso administrativo y se dé curso a una denuncia penal contra el exdirector de la Policía Judicial del estado, Arturo Olivares Mendiola, quien actualmente funge como subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP). De igual manera, exige una disculpa pública para Cacique Fernández, quien fue detenido junto con Maximiliano Ezequiel Millán González, su chofer, el 14 de marzo de 2013, fecha en que se cometió el multihomicidio. Después de salir de un bar de la zona hotelera, elementos de la Policía Turística Municipal arrestaron a Cacique y Millán por ultrajes a la autoridad, y más tarde fueron entregados a agentes de la Policía Judicial del estado por su presunta relación con el homicidio en “La Sirenita”, donde siete personas fueron ejecutadas. De acuerdo con Sosa Guillén, las víctimas refirieron haber sido objeto de tortura, como golpes, toques eléctricos, asfixias y otros tratos graves e ilegales. El ombudsman precisó que en el expediente de queja VG/BJ/136/03/2013-4 y su acumulado VG/BJ/137/03/2013-5, se anexó la constancia de los resultados del Protocolo de Estambul aplicado por peritos en psicología y medicina forense adscritos a la Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que se concluyó la alta probabilidad de que el daño médico-psicológico fuera causado por hechos de tortura. Además, la Segunda Visitaduría citó a comparecer a más de una treintena de servidores públicos que en algún momento tuvieron contacto con los agraviados. Citó: “Del análisis jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo cuenta con elementos que permiten acreditar las violaciones a los derechos humanos de ambas personas, específicamente a la integridad y seguridad personal, por hechos consistentes en la tortura, atribuibles a los elementos de la Procuraduría estatal”. Sosa Guillen indicó que la recomendación dirigida al procurador de Justicia del estado se conforma de siete puntos, entre ellos que se inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad contra Olivares Mendiola y diversos agentes de la Policía Judicial y del Ministerio Público (MP) del Fuero Común, así como oficiales secretarios. La acusación contra estos funcionarios, subrayó, es que fueron omisos en garantizar los derechos humanos de los agraviados. El presidente de la Cdheqroo también recomendó girar instrucciones para dar cauce a la denuncia penal por el delito de tortura que en su momento presentó Cacique Fernández contra el exdirector general de la Policía Judicial y demás servidores públicos involucrados. Asimismo, que se proporcione atención médica, psicológica y psiquiátrica a los agraviados, en calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos. Para el caso específico de Casique Fernández, “se recomendó que se le reubique en un lugar donde se garantice su integridad personal y su vida”. De igual forma, demandó que se inicien los trámites necesarios para que se reparen de manera integral los daños causados en los términos que establecen los estándares internacionales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo. El pasado 27 de agosto, la Sala Constitucional y Administrativa (SCA) del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) ordenó el ejercicio de la acción penal contra Olivares Mendiola por el delito de tortura en agravio de Héctor Cacique. El resolutivo de la SCA alcanza a otros 35 funcionarios y exfuncionarios de la PGJE, entre agentes del MP, secretarios y elementos de la Policía Judicial. Sin embargo, familiares del agraviado sostuvieron que se cumplió el plazo de 10 hábiles para cumplimentar esa orden, pero Álvarez Escalera hizo caso omiso.