GUANAJUATO, Gto. (apro).- A siete días del cambio de administración en los 46 municipios del estado, afloran los conflictos por el proceso de entrega-recepción y las deudas heredadas; incluso, ya se anuncian algunas denuncias contra funcionarios de los gobiernos salientes por peculado y desvío de recursos del erario. Los nuevos ayuntamientos tomarán posesión el próximo 10 de octubre. En Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, primer alcalde del PRD en la localidad, heredará una deuda de 14 millones de pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otra de 2.5 millones con el Sistema de Agua Potable. Sin embargo, el problema más grave lo tendrá en el DIF municipal, pues ya ha sido embargado en dos ocasiones por un adeudo de 4 millones de pesos. El colmo: hasta computadoras y escritorios se han llevado de sus instalaciones. En Villagrán, integrantes del ayuntamiento anunciaron esta mañana que interpondrán una denuncia por el presunto desvío de alrededor de 2 millones de pesos del erario municipal. Aunque en la rueda de prensa el alcalde priista, Rubén Villafuerte Gasca, y el síndico Sergio Gallardo no señalaron a ningún funcionario en particular, extraoficialmente se manejó que pretenden responsabilizar del ilícito al extesorero Carlos Guapo Mendoza. Acompañados de los regidores del PRI, PVEM, PRD y Nueva Alianza, mencionaron que pro acuerdo del propio cabildo, este viernes presentarían la denuncia penal contra quien resulte responsable ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría de Justicia del estado. “Estamos reuniendo toda la documentación para presentarla ante el Ministerio Público. El monto puede ajustarse, el que está encargándose es el síndico”, dijo Villafuerte. En San Miguel de Allende, el alcalde electo Ricardo Villarreal –exdiputado federal del PAN-- denunció que el presidente municipal saliente, el priista Mauricio Trejo Pureco, no ha entregado información y documentación solicitada en el proceso de entrega-recepción. Acusó además que, con policías de por medio, el aún funcionario impide a personal del equipo de transición ingresar a la Presidencia Municipal. En los últimos días de su mandato, Trejo Pureco asignó más de un millón de pesos para el pago de una consultoría en finanzas y, según la queja de Ricardo Villarreal, efectuó modificaciones presupuestales que dejarán sin recursos al gobierno entrante. “Hicieron cambios tan absurdos como modificar un millón de pesos para gestiones de consultoría administrativa. ¿Quién puede cobrar en 10 días eso? No entiendo”, dijo Villarreal, quien calificó de absurdas las decisiones del alcalde saliente. Además, el priista dispuso de una bolsa de más de 8 millones de pesos para “repartir” entre sus más cercanos colaboradores al término de la administración. Villarreal aclaró que mientras su equipo de transición renunció a cobrar 500 mil pesos por los trabajos previos al inicio del nuevo gobierno, la administración saliente “está buscando gastar hasta el último centavo antes de que entremos”. Eso terrible e irresponsable, dijo. “Hago responsable a Mauricio Trejo Pureco de que nos van a dejar una administración sin dinero para pagar al personal y no sabemos cuál es el estatus de la deuda pública”, dijo Villarreal. De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal de Guanajuato, las administraciones salientes deben entregar a sus sucesoras un expediente que contenga información sobre el corte presupuestal, el estado de la deuda pública, del gasto en obra, nómina, convenios vigentes, inventario de bienes muebles e inmuebles, así como los padrones de proveedores y todo lo importante para conocimiento del nuevo gobierno. Sin embargo, al día de hoy se ha negado la relación de obra en proceso y los contratos con constructores y proveedores, entre otros datos, según los denunciantes. Además, Ricardo Villareal –hermano del excoordinador panista en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, quien también fue alcalde de este municipio-- se quejó de que a su equipo de transición le han negado el acceso a las oficinas de la Presidencia Municipal. En Pénjamo se presentó otra denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Servidores Públicos de la PGJE, por presunto peculado contra el todavía alcalde del PRI Jacobo Manríquez Romero, la tesorera María Angélica Palomar y el síndico Ulises Guzmán López. Los tres fueron acusados de falsificar firmas y documentos para justificar el pago a un contratista por la construcción de una carretera por un monto de 8.7 millones de pesos. El empresario asegura que nunca recibió un peso de la administración municipal. Según la denuncia del empresario Juan José Balver Reyes, de la empresa Multico, S.A., la obra inició con el trienio anterior –la del panista Eduardo Luna Elizarrarás--, y consistió en la pavimentación del camino Veredas-Cruces de Rojas. De acuerdo con la denuncia, luego de un juicio por incumplimiento de pago que inició el contratista ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los funcionarios municipales señalados entregaron una serie de oficios fechados el 30 de mayo del 2013, como comprobación de que se efectuaron los pagos por la obra. No obstante, el contratista aduce que su firma y los documentos son falsos y que no recibió el dinero, por lo que el 25 de septiembre denunció penalmente. La pavimentación del camino concluyó en octubre del 2012. Sobre la denuncia, el regidor panista José Martínez Felipe dijo que esa es sólo una de las varias obras realizadas durante la gestión anterior que no fueron pagadas por el alcalde priista. Al respecto, el Órgano de Fiscalización del estado detectó en 2013 irregularidades en la asignación de obra y sobreprecios en mobiliario durante la gestión del panista Luna Elizarrarás, así como la adquisición de un terreno que físicamente tiene menor extensión del reportado en la compra. Apro pudo conocer que el fondo de este conflicto sería un pleito entre PRI y PAN, pues toda la documentación del contrato y los pagos efectuados para la pavimentación del camino mencionado formó parte del paquete de entrega-recepción en octubre del 2012 por Luna Elizarrarás a su sucesor priista Jacobo Manríquez; en ella se reportó como finiquitada la obra. En este caso también se ventiló que uno de los socios de la empresa que ahora demanda el pago de la obra es el propio regidor del PAN, José Martínez Felipe. El litigio en el Tribunal de lo Contencioso no ha concluido y ahora se inicia otro por la vía penal. Ambos procesos serán también heredados a la próxima administración a partir del 10 de octubre.