GUADALAJARA, Jal. (apro).- Saqueo de documentos, resistencia a dejar cargos y manifestaciones burocráticas sellaron el inicio de actividades en algunos municipios de Jalisco que fueron arrebatados al PRI. De entrada, en el municipio de Guadalajara, que ganó como candidato independiente Enrique Alfaro Ramírez, se impidió el acceso a sus puestos de trabajo a unos cuatro mil 500 empleados de confianza y de base a quienes se les pidió firman un contrato temporal por tres meses. El nuevo presidente municipal dijo que todos esos burócratas –muchos de ellos contratados en las últimas dos administraciones del PRI—serán evaluados. Ante eso, los burócratas apoyados por el PRI y que ahora estarán a prueba, amenazaron con realizar marchas y paros si no les confirman la base. Asimismo, el edil adelantó que el nuevo Mercado Corona será auditado por maniobras de última hora que hizo su antecesor priista, Ramiro Hernández García, y sus compañeros regidores para comprometer a la administración a hacer “pagos indebidos”. Además, dijo, el inmueble ubicado a una cuadra del Palacio Municipal, entrará en funciones hasta que sea seguro pues apenas terminado, se encontraron fallas en las excavaciones. En tanto, el edil de Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro, denunció extracción de documentos y expedientes de la dirección de Obras Públicas, por parte de exfuncionarios de esa área, por lo que ordenó el cierre inmediato de dichas oficinas y el acordonamiento para evitar más saqueos. Dijo también que en el último día de la gestión de la anterior administración aprobó licencias de construcción de algunas torres de departamentos y complejos habitacionales en avenida Patria, Parque Metropolitano y Puerta de Hierro. Por otra parte, en San Pedro Tlaquepaque, se registró una especie de amotinamiento de funcionarios salientes, quienes se negaban a dejar el cargo, mientras que los ediles del PRI-Verde Ecologista se negaron a estar presentes en la primera sesión de cabildo a la que solo asistieron 12 de los 21 regidores que conforman el pleno del ayuntamiento. Los del PAN y Morena expresaron su apoyo a la nueva alcaldesa de Movimiento Ciudadano, María Elena Limón García. En ese municipio, el PRI instruyó a sus miembros y exfuncionarios, para que no entregaran las direcciones que encabezaban. En la dirección de Seguridad Publica no se pudo realizar el cambio de mando en forma ordenada. A Martín Maldonado Juárez, designado como nuevo director de Seguridad, se le impidió tomar posesión de su puesto, con el argumento de que no cuenta con los exámenes de confianza aprobados. Por lo pronto Gregorio Martínez Mora se mantiene al frente de esa dirección como encargado del despacho. La nueva alcaldesa de Tlaquepaque también denunció la extracción de documentos y expedientes del DIF municipal, durante la madrugada del jueves, según denuncias de vecinos. En Zapotlanejo el alcalde de Movimiento Ciudadano, Héctor Álvarez Contreras, denunció que la anterior administración le dejó una deuda por más de 70 millones de pesos. En Tonalá, que gobierna el priista Sergio Chávez, fue nombrado como jefe de la Policía Miguel Magaña Orozco, quien en 2007, fue acusado por uno de sus supuestos cómplices –Omar Melquíades Fajardo--, de estar implicado en el asesinato de quien entonces era director de Mejoramiento Urbano en ese municipio, en la administración del panista Jorge Vizcarra. Chávez fue señalado como autor intelectual del homicidio y fue condenado a prisión aunque después de un año, salió bajo amparo. En 2010, Magaña Orozco obtuvo un juicio de garantías, “por pruebas insuficientes”, según un juez federal. El nuevo director de Seguridad Pública de Tonalá, afirma que él nada tuvo que ver en dicho asesinato y que pasó el control de confianza, por lo que ya ocupó el mismo cargo en Ignacio Cerro Gordo y en Arandas, en los últimos tres años.