Se ampara Padrés tras denuncia por crecer su rancho en 900%

miércoles, 21 de octubre de 2015
HERMOSILLO, Son. (apro).- El exgobernador Guillermo Padrés tramitó un recurso contra acciones legales que emprenda la PGR luego de que en 2014 fue denunciado debido a que el rancho “Pozo Nuevo”, propiedad de él y sus familiares, creció en su avalúo en 900%. El juicio de garantías fue promovido el viernes pasado por el representante legal de Padrés y admitido para su revisión tres días después por el Juzgado Sexto Distrito de Amparo en Materia Penal radicado en el Distrito Federal. Según la información contenida en el recurso, el amparo fue solicitado debido a la “ausencia de pronunciamiento o respuesta al escrito presentado el 9 de octubre” anterior. Padrés Elías recibió, por omisión, la negativa de la procuradora general de la República, Arely Gómez, lo que provocó que tramitara el amparo ante la averiguación previa AP/PGR/UEAF/002/2014-11. La denuncia fue interpuesta por Rebeca Villanueva y Luis Miguel Vargas, líderes de la asociación civil Sonora Transparente, al documentar con actas notariales que esta propiedad en 2009 tenía un valor de 10 millones de pesos y, para 2014, el precio incrementó a 89 millones, casi 900%. Por esta misma propiedad, Padrés y su familia fueron multados con 4.5 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Según la resolución de Conagua , el exmandatario fue encontrado responsable de violar la Ley de Aguas Nacionales, al construir en un rancho de su propiedad tres represos con una capacidad total de 1.7 millones de metros cúbicos y tender una línea de distribución de 12 pulgadas de diámetro para regar 300 hectáreas de nogal. Además, le ordenaron la demolición total de las obras sobre el cauce federal arroyo El Manzanal, afluente del río Sonora, localizado en el municipio de Arizpe; al igual que una sanción de 3 millones 47 mil pesos. Los 1.7 millones de metros cúbicos de agua que Padrés almacena de manera ilegal en su propiedad representan la mitad del vital líquido requerido en un mes por los 800 mil habitantes de la capital sonorense. En tanto, Profepa, impuso una multa de un millón 500 mil pesos por construir la presa sin contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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