México, DF (apro).- Si atrae el juicio de amparo presentado contra Grupo México por las afectaciones que causó el derrame de 40 mil metros cúbicos de productos tóxicos en el río Sonora, en agosto de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría considerar a la minera Buenavista del Cobre como “autoridad responsable” y no sólo como “tercero interesado” en la serie de siete juicios que promovieron los pobladores. Con esa medida, el máximo órgano de justicia en el país establecería un precedente de alcance nacional, ya que exigiría a todas las empresas que operan con concesiones del Estado a responder por las violaciones a los derechos humanos que sus actividades generan –entre ellas las afectaciones ambientales y a la salud– y a presentar garantías de no repetición. Así lo destaca el juicio de amparo número 144/2015 que interpusieron los Comités de Cuenca del río Sonora, con el apoyo de la organización PODER, el pasado 14 mayo. En su demanda, los sonorenses denuncian que Buenavista del Cobre continúa sus operaciones, pese a no contar con un plan de manejo de residuos peligrosos aprobado por las autoridades ambientales. De acuerdo con el abogado de las personas afectadas, Luis Miguel Cano, se busca que la SCJN atraiga el caso y que la empresa sea reconocida como autoridad para “equilibrar la cancha en la que se litiga” y pedir medidas de reparación integral, “que van desde la disculpa pública hasta garantías de no repetición”. Añadió: “Una empresa con este tipo de ingresos y de poderío, en los hechos no tiene las mismas oportunidades que (los pobladores), ellos no tienen la misma capacidad económica (…) Hay un tema de desequilibrio e inequidad”. Prosiguió: “Es una empresa que no se maneja de igual a igual con los pobladores. Jamás hizo un esfuerzo para que participaran las personas, jamás les pidió sus puntos de vista, jamás les ha dado información. Sin embargo, sus actuaciones sí han impactado por completo la vida de la gente del río”. El abogado recordó que en un documento oficial, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) admitió que la empresa había incumplido con la normatividad ambiental y lucrado con ello. En un informe publicado a finales de septiembre, PODER reveló que Buenavista del Cobre operó la mina con al menos 55 irregularidades, entre ellas que la empresa no contaba con varios permisos ambientales y de operación. Así, por ejemplo, la mina operaba sin que la planta de lixiviación –donde reposan los minerales con productos químicos–, ni la válvula de escape, que permite mitigar fugas y derrames, estuvieran terminadas. Benjamín Cockelet, director de PODER, recordó que la Profepa impuso a Grupo México una multa de 24 millones de pesos y que la empresa integró un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para remediar las consecuencias del desastre ambiental, pero la suma de ambos gastos no representa ni el 1% de las ventas anuales del gigante. “Es como si una persona ganara 10 mil pesos porque viola la normatividad y que la autoridad la multara con 200 pesos. Si se le demanda por las vías tradicionales y el resultado es una compensación con dinero, a la empresa le sale redondo el negocio”, insistió Cano. Subrayó: “Esta empresa es una concesionaria minera y por ley es corresponsable de garantizar la protección al medio ambiente”. Cockelet destacó que a raíz de las reformas energética y de telecomunicaciones, el gobierno lleva a cabo un gran número de concesiones a empresas privadas que “van a actuar como si fueran el Estado”, lo que hace que su reconocimiento como autoridad cobre relevancia. En otro amparo que promovieron los pobladores, junto con PODER, la justicia obligó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a realizar mediciones de toxicidad del líquido en los pozos de todas las zonas afectadas por el derrame del sulfato de cobre. Esa decisión derivó del juicio de amparo 834/2015, en el que los pobladores exigieron que se elevara la normatividad mexicana en materia de calidad del agua para consumo humano, ya que en su forma actual la ley permite una mayor cantidad de metales que las normas internacionales. Durante el juicio, precisó Cano, la Conagua se aferró en no llevar a cabo estas mediciones, pues argumentó que no era de su competencia. La justicia contradijo a la dependencia y la obligó a realizar pruebas que midan la concentración de metales pesados y otras sustancias tóxicas en el agua de la región. PODER y los Comités de Cuencas hicieron hoy un llamado a la Conagua a que acepte que un grupo de ciudadanos acompañe a la institución en sus mediciones. “Tenemos que vigilar que la Conagua haga bien su trabajo”, subrayó Francisca García, integrante del grupo de pobladores sonorenses que se amparó. “Aunque tenemos una demanda contra las autoridades, no es una confrontación. En teoría seguimos pensando que las autoridades de este país quieren cuidar los derechos humanos, por eso adoptemos una postura proactiva”, precisó Cano al referirse a la solicitud de participación en las mediciones. Por su parte, Cockelet subrayó que la empresa minera inundó los cines y los medios de comunicación con propaganda que plantea la resolución de los problemas derivados del derrame. “Grupo México lavó su imagen, pero no el río Sonora”, lamentó a su vez García.