XALAPA, Ver. (apro).- El diputado panista Miguel Ángel Yunes presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del gobernador Javier Duarte y una veintena de funcionario y exservidores públicos de la Tesorería y de la Secretaría de Educación estatal por presuntamente haber desviado más de 9 mil millones de pesos en la contratación de 2 mil 173 “aviadores”. Yunes Linares entregó su denuncia en la recepción de la FGE, pero no fue recibido por su titular, Luis Ángel Bravo Contreras. Irritado, el legislador cuestionó: “¿Qué el fiscal nada más recibe a los denunciantes que son afines al PRI?, ¿estará muy ocupado?, o ¿estará despachando en el Cacharrito? (un restaurante de lujo)”. En su queja, Yunes Linares insta a la FGE a indagar el destino de los 9 mil millones de pesos que “se robaron” de recursos para la educación y se sancione a los responsables. Una hora y media después de que presentó la querella, el dirigente estatal del PRI y legislador federal, Alberto Silva Ramos, reviró que el propio Yunes Linares es un “indiciado” de la PGR, pues tiene dos averiguaciones previas abiertas: una por enriquecimiento ilícito cuando fue director general del ISSSTE y otra más por lavado de dinero. “Él, siendo presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de la Unión, es un indiciado de la PGR; si el PAN quiere que funcione el sistema anticorrupción, tiene en Yunes Linares una buena pieza para comenzar a investigar y sancionar”, fustigó Silva Ramos. En su querella, Yunes recriminó que aunque el gobernador priista Javier Duarte admitió la existencia de 2 mil 173 empleados en el sector educación que “cobraban sin trabajar”, esos “aviadores” no fueron sancionados ni tampoco fueron investigados los funcionarios que los reclutaron. “Hay un hecho delictivo, y Duarte está involucrado, de acuerdo con el artículo 108 de nuestra Constitución, los servidores públicos que fueron permisivos con los aviadores deberían alcanzar hasta diez años de cárcel”, expuso Yunes Linares En la querella, Yunes asegura que hay un desfalco de más de 9 mil millones, lo que equivaldría a cuatro veces el presupuesto total de la Universidad Veracruzana. “Es una denuncia sólida, hay una confesión de culpa de parte de Duarte, él lo admitió ante los medios, pero no dio los nombres de esos aviadores, y es muy sencillo por qué no los dio, porque sólo son nombres y no hombres, es decir, hay una expedición de cheques de nómina que sólo se los quedaron unos cuantos, expuso Yunes. Luego advirtió que no debe haber “borrón y cuenta nueva” de este ilícito, pues dijo que el MP investigador debió haber iniciado de inmediato una averiguación previa en contra tanto de los responsables de haber permitido y encubierto esta desviación multimillonaria, como a quienes indebidamente cobraron sueldo sin devengarlo. La demanda pide sancionar a los extitulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de los dos últimos sexenios, Rafael Murillo Pérez, Javier Duarte de Ochoa ( 2008), Salvador Sánchez Estrada, Antonio Ferrari Cazarín, Tomás Ruiz González –hoy titular de Obras Públicas– Salvador Manzur Díaz –destituido por “mapache” electoral, pero restituido luego como delegado federal de Banobras–, Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston Salinas, Mauricio Martín Audirac Murillo y Antonio Gómez Pelegrín. La querella involucra a funcionarios menores cuya fama de adinerados es conocida en Veracruz: Edgar Spinoso Carrera, subsecretario de Finanzas y Administración; Gabriel Deantes Ramos, secretario del Trabajo y Previsión Social, y Juan Manuel del Castillo González. Alude también a los exsecretarios de Educación estatal, entre ellos Víctor Arredondo Álvarez, Edgar Spinoso Carrera –como oficial mayor de la SEV–, Adolfo Mota Hernández –hoy diputado federal–, Flavino Ríos Alvarado –hoy titular de la Secretaría de Gobierno– y a la actual titular de la dependencia Xóchitl Adela Osorio Martínez. Los priistas afines al gobierno de Duarte y los panistas de la familia Yunes entraron en una vorágine de denuncias y contrademandas por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, propiedades no justificadas con el salario devengado, fraude y malversación de fondos. Desde que Yunes Linares renunció al PRI en 2004, ha demandado a los tres gobernadores en turno: Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte, y las querellas han sido turnadas a PGR, a la Procuraduría General de Justicia y a la Fiscalía General del Estado; al día de hoy, aunque se han abierto averiguaciones previas, ninguna querella ha procedido satisfactoriamente. Fernando Yunes, senador panista y vástago de Yunes Linares también demandó al gobierno de Duarte en marzo dl 2013 por una presunta malversación de 5 mil millones de pesos de la cuenta pública federal 2011 y 2012, precisamente en el rubro educativo, además del de salud y seguridad pública. Incluso, la querella del senador del PAN fue sustentada con observaciones financieras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En contraparte, diputados federales y locales del PRI han demandado ante PGR y ante la FGE tanto a Yunes Linares, como al alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, ambas querellas por enriquecimiento ilícito. Al día de hoy, ambas averiguaciones previas continúan abiertas. Sobre este tema, el propio líder estatal del PRI, Alberto Silva, hoy arremetió: “Tendríamos que dejarnos de dimes y diretes, la ciudadanía necesita resultados, pero quien hoy está demandando al gobierno de Veracruz es un indiciado”, acusó. Aunque el tema de los “aviadores” causo polémica a escala nacional, en la SEV era “vox populi” que quienes cobraban sin trabajar eran empleados del SNTE (sección 32 y 56), periodistas y columnistas afines al gobierno, esposas y concubinas de políticos de oposición (PRD y PAN), amigos de líderes regionales de panistas y perredistas, así como militantes de partidos políticos de reciente creación y cooptados por el propio aparato oficial. Otro claro ejemplo de “aviadores” se dio a finales de 2014, cuando el entonces secretario de Educación estatal Adolfo Mota armó una estructura paralela dentro de la dependencia para crear un “equipo alterno de campaña” que trabajara en el distrito de Xalapa rural, donde este año fue ungido como diputado federal. Todos los empleados de Mota devengaban salario en la SEV.