MONTERREY, N.L. (apro).- Pese a que cada año pasan por la entidad alrededor de 5 mil víctimas de trata de personas, no hay una sola autoridad que las auxilie y mucho menos cumple con la tarea de procesar a los tratantes, reveló el profesor Arun Kumar Acharya, del Instituto de Investigaciones Sociales (Iinso) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Es urgente, dijo, que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, atienda el problema con la creación de un refugio donde sean atendidas las víctimas que han sido rescatadas y que no saben dónde dirigirse tras sobrevivir al cautiverio. De acuerdo con Acharya, esta capital es la segunda ciudad con el mayor crecimiento en el número de personas afectadas por el delito, después de Cancún Quintana Roo, por lo que se necesita una acción inmediata para atender a la población afectada. “¿Qué pasa cuando estas víctimas salen de la trata? ¿A dónde acuden cuando las rescatan? Es un punto en el que tenemos qué trabajar”, señaló. En Nuevo León la trata de personas fue legislada en 2009, aunque el problema ha sido ignorado históricamente, pese a que es uno de los principales destinos de explotación ilegal de personas, principalmente en el rubro sexual, destacó el académico. Mencionó, asimismo, que la falta de un albergue para recibir a las víctimas ocasiona que muchas de ellas terminen suicidándose o reintegrándose en el negocio de la trata, como madrotas o victimarias. Según el investigador, los refugios deben recibir a los afectados por lo menos durante seis meses para procurar su recuperación, y ahí –añadió– deben ser tratadas todas las víctimas de explotación sexual, pero también de abuso laboral e infantil. Acharya sostuvo que no tiene la cifra exacta de personas afectadas por ese problema, pero a esta ciudad, dijo, cada mes llegan aproximadamente 400 personas que padecen alguna forma de trata, como puede ser la sexual, laboral, explotación infantil o alguna de sus variantes. Consideró alarmante que pese a la gravedad del problema, ni el Congreso de Nuevo León, ni los gobiernos pasado y presente, se hayan ocupado en atender el problema. Ninguna corporación policiaca sabe cómo actuar cuando encuentra un caso de estos y mucho menos hacia donde canalizar a los afectados, apuntó. Destacó que la ley obliga a los estados a crear una fiscalía especializada en trata, pero esa figura judicial no existe en Nuevo León, según se lo confirmó la misma Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado. Esa deficiencia para asistir a las víctimas, apuntó, está presente a nivel nacional, pues aunque la ley federal contra la trata fue promulgada en 2007 y reformada en 2012 y 2014, prácticamente ningún estado de la República hace que se cumpla. “Es un tema que no se ha trabajado en México, a pesar de que tenemos una ley nacional. La ley dice que todos los estados del país deben armonizar su ley de trata con la federal. Nuevo León ya la tiene, pero no está homologada con la federal”, puntualizó el investigador de origen hindú. Además, agregó, las autoridades a nivel federal tienen desatendido el problema por completo. El académico de la UANL explicó que a través de Transparencia, la Procuraduría General de la República (PGR) informó al Iinso que tienen registrados 846 casos de trata entre 2009 y 2015, y de ese total existen tres averiguaciones previas y una sola sentencia. Con más de una década investigando el fenómeno en México, consideró que las cifras son irreales, pues los casos se contabilizan por miles, aunque desafortunadamente la mayoría de las víctimas no denuncian. Junto con Acharya, Armando Moctezuma, Francisco Ontiveros y Abel Garza, también investigadores del Iinso, emprendieron un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para explorar el proceso de reintegración a la sociedad de las personas que sobreviven a la trata. Garza explicó que el proyecto consiste en “georreferenciar los lugares conocidos como giros negros”, práctica a partir de la cual pueden detectarse lugares donde existe mayor potencial del delito de trata y dónde hay mayor incidencia. El equipo de investigadores del Iinso manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para que reactiven las acciones para prevenir y atender el delito de trata de personas en todos sus órdenes. Como primer punto, precisó Acharya, debe crearse una comisión interdisciplinaria de especialistas que se ocupe del problema, y después elaborar un diagnóstico para que el Congreso local y la PGJ conozcan la situación y puedan dar los pasos conducentes hacia su atención. Sobre el tema, el gobernador anunció ayer que el Consejo contra la Trata de Personas, que encabeza la Comisión Estatal de Derechos Humanos, será reactivado después de años de no sesionar y estará integrado por personas que realmente deliberen y debatan para encontrar soluciones. ‘El Bronco’ destacó que dentro de los planes de su gobierno está la creación del refugio necesario para recibir y dar tratamiento a las víctimas de ese delito. Este proyecto de albergue podrá ser materializado a partir de los ahorros que obtenga la administración con la cancelación de rentas de inmuebles que no tenían utilidad, comentó.