Activistas piden a la CIDH que nombre un relator especial para Puebla

lunes, 5 de octubre de 2015
PUEBLA, Pue. (apro).- Activistas y representantes de organizaciones sociales de Puebla, incluidos habitantes del municipio de San Bernardino Chalchihuapan, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que nombre un relator especial para atender los casos de violaciones a las garantías individuales de los poblanos. Jorge Méndez, integrante de Puebla Libre, precisó que la solicitud fue entregada a la CIDH por el cúmulo de violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Rafael Moreno Valle, entre ellas el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien murió a causa de un impacto en la cabeza por un proyectil que lanzaron los granaderos durante el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, en julio de 2014. De acuerdo con el activista, representantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, Movimiento Cholula, Viva y Digna, Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, y Puebla Libre, acudieron en días pasados ante esa instancia para exponer sus quejas. Por su parte, el abogado Alejandro del Castillo informó que además de la denuncia de todas las organizaciones, se presentó otra que está firmada por Elia Tamayo, madre del niño asesinado, en la que destaca que el gobierno estatal incumplió la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso. Del Castillo aseguró que tanto el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, como la comisionada Rosa María Ortiz, manifestaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en Puebla. Además del caso Chalchihuapan, los activistas expusieron los casos de los presos políticos, entre ellos Adan y Paul Xicale, defensores del patrimonio cultural de Cholula, y los presidentes de las Juntas Auxiliares Javier Montes, Raúl Pérez Velásquez y Sabino Leonardo Báez, quienes se opusieron a entregar el Registro Civil del estado. También fue documentado el caso de la presunta persecución del gobierno de Moreno Valle contra los integrantes de la organización de vendedores ambulantes “28 de Octubre”, y cuyo líder moral, Rubén Sarabia Sánchez, ‘Simitrio’, fue encarcelado junto con su hijo Rubén Sarabia Reyna y Fernando Alonso, otro de los dirigentes. El panista Hilario Gallegos Gómez dijo que esperan que la CIDH emita una recomendación contra el gobierno de Moreno Valle, ya que se presentaron evidencias de que varias personas han sido encarceladas “con argucias legales y expedientes fabricados”, sólo para desarticular movimientos y protestas sociales. En el caso de Cholula, mencionó que también se presentó un expediente sobre la intención del gobierno estatal de construir un parque junto a la Gran Pirámide, pese a la oposición de los pobladores y al daño que podría causar al patrimonio arqueológico y cultural de México. Señaló, asimismo, que buscarán una nueva reunión con los representantes de la CIDH para insistir en que se ponga atención al caso Puebla, tanto por el número de familias que han resultado afectadas por la imposición de las políticas de Moreno Valle, como por el encarcelamiento de más de 240 activistas en los últimos años.

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