TOLUCA, Edomex. (apro).- Desde hace 15 años, al amparo de las administraciones priistas, la organización Antorcha Campesina se ha afianzado en municipios mexiquenses como Chimalhuacán e Ixtapaluca y construido emporios económicos que la sostienen en ramas como transporte público, gasolineras, hoteles, tiendas de autoservicio, cooperativas, escuelas y hospitales. El Estado de México es, junto con Puebla, uno de los principales bastiones del país; en la entidad se estiman al menos 300 mil agremiados en diversos municipios; y su expansión comenzó durante el sexenio de Arturo Montiel. El movimiento, encabezado por Jesús Tolentino Román Bojórquez, y su esposa, la diputada federal Marisela Serrano, ha convertido a Chimalhuacán e Ixtapaluca en sus principales zonas de influencia. La primera de estas demarcaciones forma parte de los 11 municipios en los que se decretó alerta de género porque se encuentra entre los que tienen mayor índice en este delito. Las diputadas federal y local del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez y Miriam Sánchez, respectivamente, acusaron que tan sólo en Texcoco, donde el tricolor es segunda fuerza desde hace varios trienios, el presidente Enrique Peña Nieto ha facilitado a la organización los asentamientos irregulares. En 2011, cuando era gobernador, les autorizó la donación de 38 hectáreas, que representaron al erario una inversión por 250 millones de pesos, en Pimiango, para la reubicación de familias afectadas en la zona de Hidalgo y Carrizo. Las nuevas 150 hectáreas para el Movimiento Antorchista, ahora autorizadas por el gobierno federal, son aledañas al proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a un costado del Circuito Exterior Mexiquense, en ejidos de Santa María Chimalhuacán, dentro de territorio texcocano. Con estos asentamientos humanos irregulares, advirtieron, se afectarán los servicios urbanos municipales, porque no se tendrán los recursos suficientes para atenderlos. La militancia de Antorcha Campesina fundamentalmente se ha construido con nuevos habitantes del Estado de México que arriban sin ninguna pertenencia y a los que se promete tierra y casa, que son gestionadas ante las autoridades priistas de los municipios o del Estado. A cambio, los agremiados están obligados a acudir a los mítines a los que se les convoque, la mayoría con el objetivo de presionar para lograr sus objetivos, y a realizar aportaciones periódicas que dependen fundamentalmente de las marchas o movilizaciones efectuadas. La capacidad económica de la organización es suficiente para arrendar tecnología de punta y contratar sanitarios que brindan el servicio a quienes acuden a este tipo de marchas.