COLIMA, Col. (apro).- El Juzgado Primero de Distrito con sede en esta ciudad concedió un amparo contra el auto de formal prisión a Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, defensor de la comunidad nahua de Ayotitlán, preso desde hace más de dos meses en el Cereso de esta capital. Miembro del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) de Guadalajara, Jalisco, Mosqueda Sánchez fue detenido a finales de julio pasado junto con 33 campesinos indígenas, cuando acompañaba a habitantes de Ayotitlán que habían paralizado la minera Peña Colorada en demanda del pago de regalías por uso de sus terrenos para la extracción de hierro, y fueron reprimidos por granaderos y agentes de la Procuraduría de Colima. Una vez cumplido el término constitucional y después de una negociación entre los gobernadores de Colima y Jalisco, Mario Anguiano y Aristóteles Sandoval, los campesinos fueron puestos en libertad bajo fianza acusados de despojo, en tanto que Mosqueda permaneció en prisión tras haber sido considerado por el juez penal del fuero común, Abel Jaime Ramírez Ayala, como “autor intelectual” de los delitos de despojo, privación ilegal de la libertad y robo. Según la sentencia del juicio de amparo 1173/2015, suscrita por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en funciones de juez, Nancy Adriana Salazar López, “con el material probatorio reseñado por el juez responsable no se acredita la probable responsabilidad de Eduardo Arturo Mosqueda en el caso de los delitos de privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo”. En su resolución, el juzgado federal expuso: “Se advierte que para arribar a esa determinación, (el juez Ramírez Ayala) seleccionó discrecionalmente aquellas pruebas o segmentos de éstas que perjudican al indiciado, lo que trajo como consecuencia que evidenció un verdad inclinada del contexto real de los hechos, con el único propósito de justificar su conclusión, lo que desde luego violenta en perjuicio del quejoso sus derechos fundamentales tutelados a través de las garantías individuales”. En ese sentido, Nancy Adriana Salazar añadió que las pruebas reseñadas no son suficientes para establecer de manera probable que el día de los hechos Mosqueda Sánchez actuó en calidad de autor intelectual en las conductas de privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo que se le atribuyen. Por lo tanto, el Juzgado Primero de Distrito declaró inconstitucional el auto de formal prisión dictado por el juez Primero de lo Penal de Colima y le ordenó dejarlo insubsistente para, en su lugar, dictar otra resolución en la que al resolver la situación legal del quejoso atienda los lineamientos establecidos en la sentencia federal. En entrevista con Apro, el director general del Instituto de Derecho Ambiental, Carlos Valentín Veyna Martínez, explicó que como consecuencia de este amparo Eduardo Arturo Mosqueda deberá ser puesto en libertad en un plazo no mayor de 24 horas después de la notificación oficial de la sentencia. Además, consideró que en su resolución la juez federal realizó “una valoración justa de los medios de prueba y de todas las inconsistencias que se fueron generando desde la Procuraduría General de Justicia de Colima, que lamentablemente fueron determinantes para que nuestro compañero estuviera en prisión más de dos meses”. A juicio de Veyna Martínez, la sentencia del juicio de amparo estuvo apegada a la ley, a la justicia y atendiendo los principios y valores de los derechos humanos, primordialmente, y “obviamente que es una resolución que viene a dar fin a un proceso penal que estuvo indebidamente manejado por las autoridades del gobierno del estado de Colima”. También informó que paralelamente a este proceso se tramita otro juicio de amparo, con número expediente 1202/2015, en favor de los 33 ejidatarios indígenas de Ayotitlán que enfrentan la acusación de despojo en libertad bajo fianza, cuya audiencia constitucional se realizará en los próximos días. En este juicio, dijo Carlos Valentín Veyna, “estamos tratando de que valore el juez federal, conjuntamente con todas las pruebas, el plano de dotación del ejido que actualmente tiene 36 mil hectáreas, de la que una parte es detentada por el consorcio minero Peña Colorada, por lo que al final del día ese juicio nos va a dar más luz y certeza en cuanto a la identidad de los terrenos y que, efectivamente, los indígenas de Ayotitlán estuvieron siempre dentro de sus terrenos, no dentro del consorcio, por lo que debe proceder el amparo a su favor”.