CIUDAD DEL CARMEN, Camp. (apro).- Familiares de dos de los 12 jóvenes que fallecieron en la discoteca News Divine, el 20 de junio de 2008, encararon aquí al alcalde Pablo Gutiérrez Lázarus por la inclusión de Guillermo Zayas González –presunto responsable del operativo de aquella trágica noche en la capital del país– como director de Seguridad Pública del municipio. Carmen Rivas, madre de Leonardo Amador Rivas, y los esposos Rubén Tapia e Hilda Barragán, padres de Isis Tapia Barragán, llegaron hoy a esta ciudad acompañados por representantes de los colectivos Cauce Ciudadano y Alarbo, para protestar contra la contratación de Zayas. En conferencia de prensa, los padres de Leonardo e Isis, quienes al momento de su muerte tenían 24 y 16 años, respectivamente, destacaron que su postura contra Zayas “no es un capricho que tenemos en contra de esta persona, pero tiene que pagar por su irresponsabilidad”. Por ello, añadieron, “hacemos un atento llamado a toda la comunidad de Ciudad del Carmen para que levanten la voz y pidan su salida de esta corporación policíaca”. Y también revelaron que el alcalde panista no mostró disposición para atenderlos y no respondió a sus solicitudes de audiencia. Los deudos, que desde su llegada estuvieron acompañados por los cuatro regidores que el PRI tiene en el ayuntamiento carmelita, liderados por Venancio Rullán –excontralor en la pasada administración municipal–, se trasladaron hasta el Parque Central, donde el alcalde encabezaba un evento de audiencias públicas a ciudadanos. Y ahí lo increparon. Le reprocharon la incorporación de Zayas a su gabinete, pese a que éste enfrenta un proceso judicial por el operativo que costó la muerte de 12 civiles, varios de ellos menores de edad, y tres policías. Los padres de Leonardo e Isis demandaron a Gutiérrez Lázarus reconsiderar ese nombramiento, y destacaron presuntas fallas en los operativos de seguridad pública desde que Zayas está a cargo de la corporación. El alcalde respondió que deben continuar con el caso “hasta fincar la responsabilidad a quien verdaderamente incumplió su deber. Si fue el licenciado Zayas, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o algún tribunal determine que así fue, desde luego estará a disposición de las autoridades del Distrito Federal”. Por el momento, agregó, Zayas no está legalmente limitado para desempeñar el cargo. Y reviró: “Me llama la atención que digan que se han cometido errores en operativos... Hasta ahora no hemos tenido queja alguna en seguridad pública”. Luego sugirió “transitar dentro de las atribuciones...”. En defensa del nombramiento del exdirector general de la Unipol en la capital mexicana, el alcalde argumentó que “la SCJN debe pronunciarse, tiene el expediente desde 2012 y hasta la fecha no ha podido deliberar, porque ni el Gobierno del Distrito Federal ha podido acreditar de qué se le acusa”. No sólo eso, también cuestionó a los deudos por hacerse acompañar de “una comitiva del PRI”. En respuesta, una de las abogadas que acompañaba a los padres de los dos jóvenes fallecidos lanzó: “Claro, porque era el único teléfono que encontramos en su página web. No contestaban ningún teléfono. Están ahí también violando la transparencia”. En entrevista posterior, los padres de las víctimas acusaron al alcalde de este municipio de haberlos tratado de una forma “muy grosera”, y destacaron que vinieron hasta Ciudad del Carmen porque “Zayas tiene abierto un proceso por el operativo que le costó la vida a nuestros hijos y porque nos preocupa la seguridad de los hijos de las familias de aquí. No queremos que sufran un dolor como el nuestro”. Luego de subrayar que “él nos destruyó la vida”, insistieron en su llamado a los carmelitas a que “alcen la voz para que Zayas sea destituido porque es un al servidor”. También acusaron a Gutiérrez Lázarus de mentiroso, porque según él conoce el expediente, “pero cuando le preguntaron cuántas hojas tiene, no lo supo decir. No lo ha leído porque el expediente es tan grande que ocupa todo un cuarto, toda una habitación”. Añadieron: “Dicen que está politizado el caso, pero no es así, nunca politizaríamos la muerte de nuestros hijos”.