GUANAJUATO, Gto. 8 de octubre (apro).- El presidente municipal saliente de Silao, el priista Enrique Benjamín Solís Arzola –señalado como quien presuntamente ordenó a su director de Policía que golpeara a la reportera Karla Silva Guerrero por sus notas- pretende autoliquidarse como si fuera un trabajador de confianza de la administración que encabeza, y llevarse más de 400 mil pesos de pesos por este concepto, denunció una mayoría de regidores del Ayuntamiento. El alcalde ha ocultado toda la información relativa a la disposición de siete millones de pesos del erario para la liquidación de funcionarios, así como los criterios, a nueve integrantes del Cabildo, que son mayoría, mientras que el Secretario del Ayuntamiento, Jaime Quijas, ha sido omiso en cumplir con el mandato de esta mayoría para citar a sesión para pedir informes sobre este proceso, señalaron. Incluso, el edil está registrado en la nómina municipal como empleado de confianza, lo que no le garantizaría una liquidación a menos que ésta fuera aprobada por el Ayuntamiento. Dentro de la nómina municipal, mientras Solís Arzola aparece como empleado de confianza, los síndicos, regidores y regidoras del Cabildo figuran en el rubro de mandos superiores. En conferencia de prensa, siete regidores del Ayuntamiento acompañados del diputado local Guillermo Aguirre Fonseca, exhibieron las pretensiones del alcalde, quien además ha solicitado un fuerte operativo de seguridad para el sábado, cuando se realizará la toma de protesta de su sucesor (del PAN) y también pidió contar con escoltas para su protección durante un año, posterior a que deja la Alcaldía. El sábado 10 asumirán sus cargos los nuevos alcaldes y ayuntamientos en los 46 municipios del estado. En Silao, el PRI que había recuperado la alcaldía con Solís Arzola no pudo retenerla y este municipio volverá a ser gobernado por el PAN. Solís Arzola deja la presidencia en medio del descrédito, particularmente tras la agresión cometida contra la reportera Karla Silva y su compañera Adriana Elizabeth Palacios en la oficina del periódico El Heraldo en Silao, el 4 de septiembre del 2014, por tres sujetos que fueron contratados por el director de Seguridad Pública Municipal, Nicasio Aguirre Guerrero. Aguirre Guerrero, según testimonio de uno de los agresores –quien quedó en libertad- habría seguido las órdenes del presidente municipal para mandar golpear a la reportera y amenazarla para que “le bajara a sus notas”, lo mismo que ocurrió con su compañera Adriana Palacios. El jefe de policía fue señalado como autor del ataque, pero a la fecha no ha sido capturado por la Procuraduría de Justicia, que no ha podido dar con él. Los regidores Claudia Denisse Meza y Juan Miguel Valencia, del PRI –el mismo partido que el alcalde-; Miguel Ángel Maldonado, del Partido Verde, y los panistas Antonio Ríos, Ramiro López, Aracely López Remus y Karina Alcántar, acusaron también al tesorero Miguel Ángel López Castro de ser cómplice del alcalde en el manejo de las liquidaciones, y de desacatar las instrucciones del Ayuntamiento para informarles sobre el desglose de los 7 millones de pesos que se emplearán en liquidar a funcionarios. Solís Arzola tiene un sueldo de 102 mil pesos. Los regidores también se quejaron de que no se les ha informado sobre la asignación de los gastos para la transición del gobierno. El 5 de octubre se llevaría a cabo una sesión en la que supuestamente se abordaría lo relativo a los finiquitos y a los gastos de transición, pero aunque fueron convocados, los regidores no recibieron la información antes de estar en la sesión, por lo que se la requirieron a Solís Arzola, quien los evadió. En su lugar los atendió el tesorero, quien se negó a presentarles el informe, pero sí les anunció que el alcalde se liquidaría con 3 meses de su sueldo (más los pagos adicionales previstos en este concepto) porque según él, “es un trabajador municipal de tiempo completo”. “La falta de transparencia ha caracterizado al alcalde y sus allegados, así que todos esos movimientos no los estamos autorizando, son ilegales”, señalaron. Hace menos de una semana, los policías preventivos de Silao se manifestaron e ingresaron hasta la oficina del presidente municipal para reclamarle la falta de pago de los bonos otorgados a través del Subsemun, mismos que se les habían quedado a deber desde varios meses atrás.