Cuestionan nombramiento de militares al frente de la SSP en NL

jueves, 8 de octubre de 2015
MONTERREY, N.L., (apro).- La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) cuestionó los nombramientos del general Cuauhtémoc Antúnez Pérez y del contralmirante Augusto de la Cruz Morales, como secretario de Seguridad Pública del estado y director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), respectivamente, porque la recomendación internacional, subrayó, es que los militares no deben estar involucrados en las estrategias de seguridad. Ambos funcionarios, formados en las Fuerzas Armadas, fueron designados por el gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, quien tomó posesión el pasado domingo 4. Cadhac recordó que Antúnez Pérez fue comandante de la Séptima Zona Militar de 2008 a 2013, una época en la que –dijo– se recrudeció la violencia en la entidad, y durante la cual ocurrieron ejecuciones extrajudiciales en manos de militares. El 3 de marzo de 2010, precisó, fueron ejecutados en el municipio de Anáhuac los esposos Juan Carlos Peña y Rocío Elías. El 19 de ese mismo mes, agregó, en el interior del campus central del Tecnológico de Monterrey fueron asesinados los estudiantes Jorge Mercado y Javier Arredondo. Y un año después, militares que hacían trabajo de policías ejecutaron a balazos a Jorge Otilio Cantú. Sobre Cruz Morales, Cadhac dijo que le tocó trabajar como secretario de Seguridad de este municipio entre 2012 y 2014, “durante una época difícil para Nuevo León, donde tampoco la policía sobresalió por su respeto a los derechos humanos”. Por ello, hizo un llamado al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón para que reconsidere esos nombramientos, atendiendo las recomendaciones que han hecho distintas instancias internacionales en torno de la desmilitarización de la seguridad pública. “Esto, a fin de dar una señal de que podemos empezar a avanzar por recuperar un Estado constitucional de derecho. No repitamos los errores del pasado. Una de nuestras tareas, tanto del gobierno como de la sociedad civil, debe ser la de colaborar en conjunto para el progreso de los derechos humanos”, apuntó. La organización, presidida por la hermana Consuelo Morales, sostuvo que en su visita a México, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, consideró que las fuerzas armadas deben dejar las funciones de seguridad pública. Entre las recomendaciones que el enviado de la ONU hizo el Estado mexicano, subrayó, está la de “adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública”. De igual manera, planteó la necesidad de fortalecer las Procuradurías estatales, para que las violaciones a derechos humanos sean debidamente investigadas y sancionadas, además de vigorizar la capacidad de los organismos policiacos para que cumplan con sus funciones en armonía con los derechos humanos, “incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza”. El Cadhac resaltó que diversos organismos, entre ellos el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, así como los relatores sobre Tortura y sobre Ejecuciones Extrajudiciales –todos de las Naciones Unidas–, además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW), “han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a derechos humanos, y han exhortado al Estado a retirar a los militares de las funciones de seguridad pública”. Remató: “El uso de una estrategia militar representa un riesgo para el ejercicio de los derechos humanos de las y los ciudadanos”.

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