COLIMA, Col., (apro).- Ante el riesgo de una inminente derrota jurídica en su querella contra 33 campesinos nahuas de Ayotitlán, Jalisco, el Consorcio Minero Peña Colorada, con el respaldo de las autoridades colimenses, presionó a la mayoría de los procesados para obligarlos a aceptar el “perdón judicial” por el delito de despojo, con lo que tácitamente admiten que cometieron el acto que se les imputa, denunció el abogado Carlos Valentín Veyna Martínez, director general del Instituto de Derecho Ambiental (Idea). La poderosa empresa minera de capital italiano-argentino-indio se apresuró a “perdonar” hoy a los indígenas —sometidos desde hace más de dos meses a proceso penal—, luego de que el pasado martes 6 se dio conocer la concesión de un amparo contra el auto de formal prisión a Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, defensor de la comunidad, detenido junto con el grupo de campesinos el 22 de julio, cuando éstos reclamaban a la trasnacional el pago de regalías por la extracción de hierro de su territorio. De acuerdo con Veyna Martínez, se encuentra en marcha otro juicio de amparo a favor de los 33 nahuas, que muy probablemente tendría el mismo resultado favorable que el de Mosqueda. En este contexto, a las 10 de la mañana de este jueves, una parte de los procesados fueron llevados al Juzgado Primero de lo Penal de esta ciudad para firmar la aceptación del “perdón”, en un acto al que acudieron representantes de la empresa, y fueron invitados algunos medios de comunicación de la entidad. En entrevista con Apro, Carlos Valentín Veyna comentó que desde antes del amanecer, empleados de Peña Colorada visitaron a los campesinos en sus domicilios, asentados en comunidades de la Sierra de Manantlán, para trasladarlos mediante engaños al juzgado en vehículos oficiales de la empresa, en un operativo en el que también participó el presidente del Comisariado Ejidal, Ernestino Ciprián Ocaranza. Sin embargo, no todos acudieron a firmar. Pedro Gutiérrez Fernández, de 38 años de edad, declaró vía telefónica a esta agencia que los representantes de la minera estuvieron buscando a los procesados para que firmaran la aceptación del perdón, bajo el ofrecimiento de que de esta manera ya no tendrían que continuar firmando la libertad bajo caución, y con la amenaza de que si no accedían serían buscados después por las autoridades para encarcelarlos nuevamente. Dijo que por la mañana llegó a su domicilio, a preguntar por él, un representante de la minera que se presentó como César, quien le dejó dicho con su madre que lo buscaba para llevarlo al juzgado a firmar “para que ya se acabe todo el problema”. Gutiérrez Fernández señaló que algunos de los campesinos fueron porque se asustaron, y a otros, a quienes les había sido asegurado algún vehículo, les prometieron que se los devolverían, pero los engañaron, pues sólo firmaron, pero no les entregaron sus camionetas, como ocurrió en el caso de uno de sus tíos, dijo. Carlos Veyna, por su parte, narró que en realidad desde el pasado 21 de septiembre la representante legal de Peña Colorada interpuso un escrito ante el juzgado pidiendo que se acordara el otorgamiento del perdón a los 34 procesados, y “de manera irregular ese mismo día el juez levantó el acta donde todos lo aceptaban, pero el detalle es que nadie lo firmó ni se notificó”. En consecuencia, el titular del Idea promovió un recurso de inconformidad, y el juez tuvo que dejar insubsistente el acuerdo mediante el que supuestamente todos aceptaban el perdón. Veyna Martínez dijo que cuando el 25 de septiembre acudieron al juzgado a firmar por su libertad bajo caución, todos se negaron a aceptar el ofrecimiento de la minera, por lo que el asunto quedó pendiente para el próximo viernes 30, cuando les corresponde acudir nuevamente. No obstante, este jueves, dos días después de la notificación del amparo a favor de Mosqueda Sánchez, Peña Colorada se apresuró a buscar y llevar a los campesinos al juzgado para consumar el perdón. “Al firmar esto, el efecto y consecuencia es que ellos aceptan la culpabilidad del delito y esto les puede generar una multa, un pago de reparación del daño a favor de la empresa y también que les genere antecedentes penales; entonces, ahora que los indígenas estaban a punto de ganar el amparo, a la empresa le conviene que este perdón se acepte, porque de esa forma puede seguir amenazando a las personas que se metan a las tierras donde está la mina, aun cuando éstas pertenezcan al propio ejido”. Veyna calificó como una situación “muy grave” el hecho de que se haya presionado a los habitantes de Ayotitlán para aceptar el perdón. —¿Hubo complicidad entre la empresa minera y las autoridades? —Pienso que el consorcio minero está haciendo un uso muy irregular de todo su poder, de su capacidad económica, de imagen y de influencias ante las autoridades del estado de Colima; por qué razón, porque si ellos permitieran el curso legal que lleva el procedimiento penal y los propios juicios de amparo, van a llegar todos a la conclusión de que los procesados son todos inocentes de los delitos, pero qué ocurre si aceptan el perdón: pues aceptan que cometieron todos los delitos y quienes actuaron de manera correcta fue la Procuraduría, las Policías y el juez penal, aunque la juez de Distrito señaló que fue incorrecta su interpretación. “Entonces, sí hay cierta influencia de este consorcio minero hacia las autoridades; no tengo elementos para decir que fue por cuestión económica, que les dieron tanto, pero lo que sí se denota es que le están permitiendo al consorcio minero actuar de forma irregular en los procedimientos”. —¿Qué pasará con el amparo en trámite? —Puede seguir con uno solo de ellos que no firme, y sobre las personas que ya firmaron muy probablemente el consorcio minero va a solicitar que se les tenga por desistido el derecho, en razón de que ya están aceptando su culpabilidad, pero ello se hizo con engaños, con presión y con la mayor impunidad posible, con la complacencia de las autoridades estatales.