CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El juez de Garantía, Alejandro Legarda Carreón, formuló imputación hoy contra el exalcalde de Chihuahua, Marco Adán Quezada Martínez, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público en el caso Aeroshow, accidente en el que murieron nueve personas y alrededor de 100 resultaron heridas. Junto con él, cinco exfuncionarios de su equipo a quienes se les acusa por los mismos cargos, enfrentarán el proceso en libertad y tendrán que asistir a firmar regularmente. Los otros imputados son Fernando Rodríguez García, exsecretario del ayuntamiento; Ildefonso Sepúlveda Márquez, extesorero; Horacio Flores Chávez, quien era oficial mayor; Alfonso Prieto Prieto, exdirector de Desarrollo Empresarial y Turístico del ayuntamiento, y Juan Manuel Fuentecillas Noriega, expresidente de la comisión de Hacienda en el Cabildo y actual asesor del presidente de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso, Rodrigo de la Rosa Ramírez. Cada 15 días, a partir del 23 de noviembre, los exfuncionarios tendrán que acudir a firmar como medida cautelar que les impuso el juez para enfrentar el proceso. La audiencia de vinculación será este viernes 13 de noviembre. Quezada Martínez ha ganado una serie de amparos contra el Congreso estatal y la Fiscalía General del Estado, entre otras razones por no haberle notificado de la denuncia en su contra ni darle el expediente para que sus abogados lo revisaran para poder defenderse. En mayo del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó y ratificó la denuncia penal contra el exalcalde y los seis exfuncionarios por el accidente en el Festival Extremo Aeroshow, registrado el 5 de octubre. La denuncia fue por homicidio a título de coautoría, lesiones, indebida prestación del servicio público, así como la protección y seguridad de las personas. Luego de la ratificación, la Fiscalía abrirá la carpeta de investigación para valorar si hay elementos suficientes para formularles imputación a los presuntos implicados en dichos delitos. Sin embargo, la Fiscalía abrió la investigación por el delito de indebida prestación del servicio público.