VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El incendio de 47 unidades del Transbús, ocurrido esta madrugada en Villahermosa, “pudo darse por la ordeña ilegal del combustible o bien como un acto deliberado por personas ligadas a las cooperativas que mantienen conflictos por el control del corporativo”, informó el fiscal general del Estado (FGE), Fernando Valenzuela Pernas. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que coadyuvará con la FGE para investigar el incendio de las unidades de transporte público de pasajeros y que serán investigadas ambas líneas que maneja la dependencia estatal, además de que se realizará el análisis a las cámaras de vigilancia de la periferia. Valenzuela Pernas precisó que del total de autobuses quemados, 16 pertenecen a una cooperativa y el resto a la empresa Transbús, en la que el gobierno estatal tiene acciones. Transbús es una empresa privada fundada en el sexenio de Andrés Granier Melo para “modernizar” el transporte en esta capital; el proyecto derivó en un esquema corrupto, debido a que, mediante un fideicomiso, el gobierno estatal financió su irregular operación. El estacionamiento del Transbús se encuentra en la colonia Miguel Hidalgo de esta capital, donde ocurrió el incendio. Según directivos de la empresa, puede tratarse de “un acto vandálico” o un corto circuito. Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas. El incendio fue controlado por los bomberos tres horas después. El titular de la SCT, Agustín, Silva, dijo que el siniestro pudo ser provocado por un chispazo registrado en el traspatio, donde se localizan las unidades. La FGE investigará y determinará las causas. Anunció que autobuses y combis de la empresa Arvit y el Transmetropolitano cubrirán las rutas que el Transbús dejará de operar en Villahermosa. Las rutas más afectadas son los corredores Universidad- Bicentenario y Gregorio Méndez- 27 de febrero, principalmente. José Luis Montoya, presidente del corredor Universidad, dijo que las unidades incendiadas sólo poseían seguro por daños a terceros, por lo que la pérdida es total. Del corredor Gregorio Méndez-27 de febrero, de 73 unidades 31 quedaron calcinadas y de la Universidad- Bicentenario, se quemaron 16 de 72 unidades. El pasado mes de marzo, el subsecretario de la SCT, William Castillo Ulín, puso al Transbús como ejemplo de la severa corrupción durante el gobierno priista de Andrés Granier Melo. Deploró que el proyecto del Transbús se haya puesto en marcha bajo un modelo mal diseñado y sin reglas claras, “que hoy lo tiene sumido como una empresa sin viabilidad económica siquiera para operar o responder a las exigencias de movilidad de los usuarios”. “Es inexplicable que un proyecto como el Transbús en el que se invirtieron muchos millones de pesos, lo hayamos encontrado desde inicio de 2013 como una empresa quebrada, con la gran parte de sus autobuses en mal estado y sin dinero para dar un mantenimiento adecuado a sus unidades y mucho menos para renovarlas”, deploró. Lo anterior, resaltó, no obstante que el gobierno anterior pagaba enganches de las unidades, mantenimiento, combustibles y nómina mediante un oscuro fideicomiso. Manifestó que para sanear a la dependencia, el gobierno de Arturo Núñez impulsó una nueva Ley de Transporte para incidir en procesos más transparentes, eliminar prácticas discrecionales o de control político que sobre el gremio mantuvo el gobierno granierista. “Antes era algo común que quienes estaban al frente de la dependencia manejaban a su antojo los liderazgos y los utilizaban para fines políticos o de otra índole que en nada abonaban al interés común”, señaló. Dijo que con la nueva Ley de Transporte, se impide a los funcionarios “obtener concesiones o permisos en la materia para terminar siendo socios del Transbús o taxistas”. El Transbús se conformó con unión de varias empresas concesionarias de combis y autobuses que provocaban severo tráfico vehicular en Villahermosa y poblados aledaños. A la entrada del gobierno perredista de Arturo Núñez, en enero de 2013, la SCT encontró “un mundo de corrupción” en el manejo del Transbús y una lucha entre dos grupos por el control de la empresa que, incluso, llevó a la cárcel a uno de sus líderes. El gobierno actual quitó todos los privilegios que gozaban los directivos y socios del Transbús y ahora sólo apoya a la empresa con el combustible para compensar las bajas tarifas a estudiantes, adultos mayores y discapacitados. La PGR, a través de su delegación en Tabasco, informó que la Coordinación General de Servicios Periciales de la institución proporciona la colaboración necesaria a la FGE con personal pericial en materia de fotografía forense, criminalística de campo, tránsito terrestre y valuación. Asimismo, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRRPA) informó que personal a su cargo ya trabaja en el lugar coordinadamente con las autoridades locales y “dispondrá de todos los elementos materiales y científicos para contribuir al esclarecimiento de estos hechos”.