MONTERREY, NL (apro).- Más de 700 cajas del sistema DIF estatal se encuentran extraviadas, de las que por lo menos 70 fueron vendidas a una comercializadora de papel, según denuncia presentada por acusados de la irregularidad, quienes se dicen inocentes. En la investigación interna, un testigo involucra al director de Administración y Finanzas del organismo, Carlos Alberto González Garza, quien supuestamente ordenó la sustracción de parte del material para depositarlo en el establecimiento de compra y venta de papel. En un documento interno, del que Apro tiene copia, se establece que por esta irregularidad, cometida el año pasado, pero descubierta recientemente, fueron despedidos Osvaldo Florentino García Álvarez, auxiliar, y Enrique Eduardo Chavana Cano, chofer en esa dependencia. Ambos trabajadores presentaron un juicio ante la Junta Especial 9 de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado para demandar su reinstalación. En el expediente interno 09802/i/092015 se señala que también participaron en la investigación, como indiciados, el chofer Roberto Hernández Castañeda, y el encargado del área de Archivo y Correspondencia, Arquímedes Garza Iduñate, quienes también habrían sido cesados. De acuerdo con el documento, en la comparecencia voluntaria que hizo ante la subdirección jurídica de la dependencia, Hernández Castañeda señaló que una parte de los documentos se extravió el 8 de marzo de 2014, en la pasada administración estatal, cuando Garza Iduñate lo citó en un almacén del DIF estatal, ubicado en la calle Aquiles Serdán 411 sur, de la colonia Buenos Aires, en esta capital. Según la declaración, Hernández explicó que Garza Iduñate le indicó que, por orden de Carlos Alberto González, debían llevarse unas 70 cajas “que ya no funcionaban” y que, como pago, le daría “para las sodas” si le ayudaba a cargarlas. De ahí trasladaron el cargamento a una comercializadora de papel localizada en el 2116 de la calle Antonio I. Villarreal, de la colonia Las Flores, también en Monterrey, donde descargaron las cajas, tarea por la que recibió 200 pesos. Sin embargo, el 30 de junio pasado se detectó el extravío de más de documentación, lo que originó una investigación interna en el sistema DIF estatal, de acuerdo con el expediente. En la revisión se descubrió que a la bodega de la colonia Buenos Aires habían sido enviadas 781 cajas, pero sólo fueron encontradas 62, lo que significaba que estaban extraviadas 719. También se aclaró que los únicos que contaban con llaves para acceder a la bodega eran Hernández Castañeda y Garza Iduñate. Al ser llamado a declarar, Chavana Cano explicó que, en una ocasión, él trasladó unas 250 cajas de las oficinas centrales del DIF, en la colonia Independencia, al almacén de la Buenos Aires. La acción se realizó en presencia del coordinador de Gestoría Social, Juan García. En una auditoría efectuada por la Subdirección del Órgano de Control Interno, el 30 de junio anterior, se detectó que en la bodega había únicamente 62 cajas y que no hubo órdenes para que las sacaran de ahí. A la fecha no se ha revelado cuántos documentos, ni de qué tipo, están desaparecidos. Como resultado de la auditoría, el 17 de julio se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa contra García Álvarez y Chavana Cano por la pérdida de los documentos. El 27 de julio se les suspendió y el 17 de agosto fueron despedidos. Ambos fueron acusados de incumplir con sus obligaciones pues, como chofer y auxiliar, “tenían la obligación de preservar los documentos en archivos administrativos organizados y actualizados, adoptando las medidas necesarias para protegerlos contra riesgos naturales y humanos, como el acceso sin autorización”. También les reprocharon haber incurrido “en faltas de probidad y honradez”, al actuar de manera irregular en el traslado de las cajas de archivo. En julio de 2012 fueron sustraídas del Instituto de Control Vehicular estatal unos 312 mil juegos de placas que, supuestamente, fueron trituradas en molinos y vendidas como fierro viejo por el comprador. Hasta el momento sólo un funcionario se encuentra encarcelado por el ilícito.