SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- El gobierno del estado inició el proceso para solicitar al gobierno federal la declaratoria de alerta por violencia de género para seis municipios que presentan un elevado índice de asesinatos de mujeres. La medida se da después de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó un informe especial que evidenció un elevado índice de asesinatos de mujeres y fallas en la investigación de los mismos y en su clasificación como feminicidios. La petición fue firmada por el gobernador priista Juan Manuel Carreras y por el titular de la CEDH Jorge Vega y se refiere específicamente a los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale. La CEDH recabó un registro de 169 mujeres asesinadas entre 2011 y 2015 un porcentaje importante de los cuales correspondería a feminicidio por su contexto o características pero no han sido clasificados ni investigados como tales por la Procuraduría de justicia y la Policía Ministerial, señala el informe. El ómbudsman estatal concluyó que no se están aplicando los protocolos de investigación especializada para descartar o clasificar como feminicidios cada uno de los asesinatos de mujeres en el territorio potosino. Por el panorama detectado recomendó al gobernador Juan Manuel Carreras solicitar la declaratoria de Alerta por violencia de género al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob). Hoy el procurador de justicia del estado Federico Garza Herrera informó que esta dependencia revisará la situación que impera en cada uno de los seis municipios que serán incluidos en la solicitud aunque será la Segob la que revise la información y emita una resolución al respecto. Gloria Serrato activista por los derechos humanos e integrante de la Comisión estatal de atención a víctimas recordó que desde hace varios años la sociedad civil organizada ha estado pugnando para que se visibilice la violencia feminicida, y que se haga patente que se ha estado trabajando mal en la integración de las averiguaciones y de las carpetas de investigación, tratándose de asesinatos de mujeres. Festinó que la Comisión estatal de derechos humanos haya presentado con oportunidad el informe especial sobre feminicidios, así como la rápida respuesta del gobierno estatal. Pero advirtió que esta medida no puede tomarse a la ligera y que el gobernador Juan Manuel Carreras deberá mostrar que se trata de una iniciativa seria, responsable y sensible para tomar cartas en atender la problemática de violencia contra las mujeres “particularmente en esos seis municipios donde habíamos detectado un alto índice de asesinatos”. En su calidad de integrante de la Comisión estatal de atención a víctimas Serrato afirmó que ninguna víctima colateral de un feminicidio o de otros delitos puede quedarse sin recibir la atención que requiere y aunque se ha estado apoyando a familiares de víctimas de feminicidios, con la AVG se podría trabajar de manera coordinada con varias instituciones en la reeducación y en la creación de las unidades especializadas en investigar estos delitos. “El gobierno tiene que ser muy transparente en cómo va a enviar el expediente del tema a Gobernación. San Luis debe tomar las experiencias de otros estados para que se haga lo que se necesita. No quisiéramos ver que cuando inicie el nuevo sistema de justicia, las carpetas de investigación quedaran tan débiles que no se logre la aplicación de justicia con una sentencia condenatoria del agresor o agresores”, señaló la activista. San Luis Potosí se convertirá en el noveno estado del país en apelar al mecanismo de Alerta por violencia de género después del Estado de México, Morelos, Baja California, Michoacán, Colima, Sonora y Guanajuato. A la fecha, la Segob sólo ha aceptado emitir declaratorias para 11 municipios del Estado de México y para Morelos. En el caso de Guanajuato la resolución derivó en 13 recomendaciones de obligatorio cumplimiento por parte del gobernador Miguel Márquez, el Congreso del estado y el Poder Judicial, o de lo contrario la declaratoria se activaría. El cumplimiento de estas recomendaciones es vigilado por un grupo encabezado por la Comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, (Conavim), en la que también participa la organización civil peticionaria: el Centro Las Libres.