CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La mesa directiva del Congreso local rechazó la demanda de juicio político contra el gobernador César Horacio Duarte Jáquez que interpusieron ocho de 12 empresas concesionarias del sistema de transporte público Vivebús. De acuerdo con los inconformes, presentaron la acusación porque el mandatario firmó como deudor solidario o aval un crédito solicitado al banco Unión Progreso, a través de un fideicomiso que creó junto con su esposa Bertha Gómez Fong. No obstante, la mesa directiva destacó que no hay sustento para iniciar el juicio político y determinó desecharlo. Según los diputados, Duarte puede disponer de recursos públicos y contratar deuda pública, sin autorización del Poder Legislativo, para financiar una empresa privada, en este caso la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC). El abogado de los concesionarios denunciantes, Maclovio Murillo Chávez, informó que promoverán un juicio de amparo en las instancias federales para obligar a los legisladores locales a que den trámite al proceso sancionador promovido contra el titular del Ejecutivo estatal. “La mesa directiva consideró indebidamente que el gobernador puede disponer a capricho de los recursos públicos para financiar empresas privadas a las que se les ha concesionado un servicio público sin contar con el aval del Congreso del local, y por ello desechó también sin motivo justificado la queja de los concesionarios”, puntualizó Murillo. Insistió que la petición de juicio político es en respuesta a que Duarte quitó a los transportistas lo que por derecho les corresponde. Según el defensor, el gobernador primero invitó a los concesionarios a conformar la empresa CTC y les prometió grandes ganancias, pero nunca les fue bien. “No les fue bien porque él (gobernador) jamás quiso aprobar el aumento de las tarifas, y con las tarifas que tienen ahora no les alcanza ni para el diésel, además de que hubo malos manejos de uno de los dirigentes, Francisco El Güero Lozoya (de la Confederación de Trabajadores de México), que los llevó a la quiebra total”. Cuando la quiebra era evidente, dijo, a Duarte no le quedó más que informarlo públicamente, pero retiró a los concesionarios la ruta troncal y luego les redujo los márgenes de las rutas alimentadoras. El pasado 1 de octubre, a más de dos años de la instrumentación del actual sistema de transporte, el grupo de transportistas decidió interponer la denuncia de juicio político contra el gobernador por la compra de 84 camiones para la ruta troncal. El contrato está firmado por la CTC y la empresa Mercedes Benz a través del gerente general Roberto E. Cruz Barraza, y al final aparece la firma del gobernador de Chihuahua. En el documento, firmado por un notario y presentado ante el Congreso local, se detalla que cada unidad tuvo un costo de 162 mil 400 dólares, por lo que en total se gastaron alrededor de 13 millones de dólares americanos, más IVA, aunque Daimier Vehículos Comerciales México S de RL de CV facturó en pesos mexicanos. En caso de que el cliente (CTC) se retrasara con el pago, debía pagar una pena diaria de 30 dólares o su equivalente en moneda mexicana por cada día de retraso en el pago total. Duarte firmó ese contrato en 2012, junto con el consejo directivo de CTC y la agencia automotriz. El gobernador signó como deudor solidario, lo cual no es legal porque no puede avalar una deuda de empresas privadas, además de que comprometió dinero público para una sociedad anónima, según el abogado de los concesionarios. La Ley de Deuda Pública –añadió– establece que el Ejecutivo estatal sólo puede avalar deuda pública, es decir que puede ser aval de municipios, empresas públicas, organismos públicos y descentralizados, etcétera. Sostuvo, asimismo, que la ley prohíbe contraer obligaciones de ese tipo en moneda extranjera, pero en el contrato se asienta que se trata de un convenio efectuado en dólares. Además, subrayó, Duarte requería de la aprobación del Congreso local para obtener una deuda y no la solicitó. En su denuncia los inconformes indican que el mismo gobernador les consiguió créditos en un banco para pagar los camiones, y esa institución es Unión Progreso, de la que es socio junto con su esposa. Utilizó dinero público para pagar los camiones antes de que se venciera la deuda, es decir, compró unidades que incorporaron a una empresa privada. Los quejosos señalaron que además de la falta administrativa, el hecho puede tipificarse como delito de peculado porque Duarte utilizó dinero público con fines de naturaleza privada.