Atrae la CNDH el caso de las fosas clandestinas en Morelos

martes, 24 de noviembre de 2015
CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó atraer el caso de las fosas clandestinas descubiertas en el predio El Maguey, del ejido de Tetelcingo, municipio de Cuautla, además de solicitar medidas cautelares a las autoridades estatales. El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez instruyó al segundo visitador general Enrique Guadarrama López para que se traslade de inmediato, con el fin de que se lleve a cabo una inspección in situ del lugar donde se encuentran las fosas ilegales y donde se presume fueron inhumados 150 cuerpos. Ello luego de que se realizara una reunión entre González Pérez y el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eder Omar Betanzos Torres, con la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, así como representantes de distintos colectivos, aparte del padre Alejandro Solalinde, el poeta Javier Sicilia y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez. La CNDH giró oficios, según un comunicado, al secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina, y al fiscal Javier Pérez Durón para que “se otorguen medidas cautelares que permitan garantizar la vida e integridad física de las señoras María Concepción Hernández Fernández y Amalia Alejandra Hernández Fernández, madre y tía de Oliver”. También solicitó que se brinden medidas cautelares para garantizar la preservación del lugar donde se ubican las fosas, así “como mantener el registro que contenga la identificación de personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes están autorizados para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios de lo sucedido”. Durante la reunión se propuso abrir una mesa de trabajo en la que participen la propia CNDH, PGR, Secretaría de Gobernación y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en relación con “las fosas clandestinas de laFfiscalía”. Luis Raúl González Pérez destacó la conveniencia de instalar esa mesa, en la que también estén involucradas las autoridades “para establecer un diálogo y retomar el asunto. No hay que perder de vista que el asunto compete a las autoridades estatales, quienes tienen una responsabilidad directa que no pueden eludir”. González Pérez dijo que la CNDH actuará con celeridad. “De inmediato nos organizamos para responder a la demanda. Me llevo el panorama que me han presentado. Nuestro compromiso es acompañar a la familia y a las demás familias de las víctimas para resolver este problema”, sostuvo. La familia afirmó que a pesar de que ellas recuperaron el cuerpo de Oliver, ahora la lucha es para deslindar responsabilidades por las irregularidades cometidas en el caso, pero sobre todo para procurar justicia para las 149 familias y víctimas que todavía, presumiblemente, se encuentran en las fosas ubicadas en el predio El Maguey. “Es una cuestión de humanidad, de solidaridad con las familias, nosotras al menos tenemos un lugar para llorar a nuestro hijo, pero las demás familias siguen buscando”, afirmó María Concepción Hernández Hernández, madre de Oliver Wenceslao. El padre Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana y uno de los principales defensores de los derechos humanos de los migrantes, se solidarizó con la familia y halagó su “espíritu de humanidad”. Luego pidió a las autoridades tomar las medidas cautelares relacionadas con la familia de Oliver Wenceslao, pero también en relación con las carpetas de investigación y las propias fosas de la Fiscalía de Morelos. Además, solicitó a las autoridades federales que “protejan el lugar de las fosas, quiero pedirles que pidan la coadyuvancia de la UAEM y de otros grupos de expertos, como el de los forenses argentinos” para conocer los procedimientos y hacer una revisión de las cosas. Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y secretario de Extensión de la UAEM, advirtió de la necesidad de que instancias federales atraigan el caso, pues la FGE “no puede investigarse a sí misma”. Planteó la necesidad de abrir una mesa de trabajo en la que participen la propia CNDH, PGR, Secretaría de Gobernación y la UAEM, en relación con las fosas clandestinas de la Fiscalía. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, manifestó la indignación que causa la actitud de las autoridades estatales, por lo que demandó a la PGR y CNDH tomar acciones de inmediato y evitar que estos crímenes, que podrían configurarse como de lesa humanidad, queden impunes. “En un país en el que existen 25 mil desaparecidos, el hecho de que la propia Fiscalía tenga sus fosas es increíble”, sostuvo. Valentina Peralta, de Eslabones por los Derechos Humanos, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, hizo un llamado para que las investigaciones tomen en cuenta a las familias de los 25 mil desaparecidos en el país, debido a que la delincuencia organizada no respeta la geografía política, así que no importa que las fosas estén en Morelos, ahí puede haber personas desaparecidas provenientes de cualquier entidad e incluso de otros países. Miguel Álvarez Gándara, presidente de Serapaz, sugirió que esta mesa se realice a la brevedad posible, tomando en cuenta a las organizaciones de víctimas de desaparición que existen por todo el país. El presidente de la CNDH coincidió en la necesidad de hacer una mesa en la que también estén involucradas las autoridades “para establecer un diálogo, para retomar el asunto. No hay que perder de vista que el asunto compete a las autoridades estatales, quienes tienen una responsabilidad directa que no pueden eludir”. Por ello se comprometió a actuar con celeridad, “de inmediato nos organizamos para responder a la demanda. Me llevo el panorama que me ha presentado la familia. Nuestro compromiso es acompañar a la familia y a las demás familias de las víctimas para resolver este problema”, ofreció. Rafael Mateos Poumian, director general de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la PGR, se comprometió a investigar el caso, a requerir la información necesaria a la Fiscalía local y a la propia delegación de la PGR en Morelos. Incluso pidió mayores datos a la familia de Oliver Wenceslao, y se comprometió a informar de manera directa a la titular de la PGR, Areli Gómez. Joaquín Narro Lobo, secretario ejecutivo del Consejo Consultivo de la CNDH, informó que esta misma semana visitará Morelos para conocer directamente el lugar en el que se ubican las fosas, además de requerir la información necesaria que permita esclarecer los hechos y tomar medidas precautorias y resarcitorias.

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