SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- La Iglesia católica se pronunció a favor de que el Congreso local convoque a una consulta o plebiscito sobre el matrimonio igualitario antes de legislar al respecto. “En ninguna parte dice que el matrimonio igualitario es un derecho fundamental, y como no lo es, pues se puede someter a un plebiscito”, señaló el vocero del Arzobispado de San Luis, Juan Jesús Priego Rivera. Añadió: “La Iglesia respeta las tendencias, las preferencias de cada persona, cada una decide, pero más bien aquí (es) por la cuestión de que luego viene la adopción y aquí entra un tercero. A partir del matrimonio ya prácticamente está abierta la puerta para la adopción, hay un tercero que entra allí, ese es el problema”. De acuerdo con Priego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho análisis y decidido sobre el tema “sin tomar en cuenta el derecho del pueblo a ser escuchado”. Prosiguió: “Si tú te fijas, pareciera que ya las decisiones de la Suprema Corte son inapelables, ¿verdad?, y eso habla de una especie de infalibilidad laica. En ese sentido no estamos de acuerdo en esa infalibilidad, ha faltado escuchar a las diversas voces”. Luego de que organizaciones de la sociedad civil demandaron al Congreso local que dictamine la iniciativa, pendiente desde la Legislatura pasada, diputados como el panista Héctor Mendizábal propusieron que el tema sea sujeto a un plebiscito. Al respecto, Priego explicó que coincide con esa propuesta, es decir, realizar “un plebiscito de amplias dimensiones para que nuestros legisladores respondan a una petición social, a una necesidad social”. En entrevista con Apro vía telefónica, el prelado recordó que para la Iglesia católica la única concepción de matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y señaló que hay otros grupos no católicos que tampoco están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que “queremos que las diversas voces se escuchen. No vamos a hacer una revolución, ni mucho menos; vivimos en un Estado de derecho y nos apegamos a lo que digan, pero tenemos el derecho a ser escuchados”. Insistió: “Que no quede la impresión, que tan a menudo existe, de que las leyes van por un lado y la población por el otro”. El vocero del arzobispado subrayó que la Iglesia “no se pone en contra ni mucho menos, (lo que queremos) es que nos escuchen. Proponemos el plebiscito y hubo quien nos dijo que los derechos no se someten a consulta, pero yo respondo que éste (el matrimonio igualitario) no está clasificado como un derecho. En ninguna carta de derechos humanos está establecido, esto entra en las legislaciones particulares”. Y acotó: “La preferencia sexual sí está a salvo, el Papa lo ha dicho y aquí lo hemos dicho, que tenemos un respeto profundo a todas las personas, sea cual fuera su tendencia sexual, su creencia religiosa”. Pero enseguida habló de una “consecuencia” de la unión entre personas del mismo sexo, que es la posibilidad de la adopción, que calificó como algo “preocupante”. --¿La adopción es un problema? –se le preguntó. --Se han hecho estudios, hay científicos sociales que han alertado de que no sería lo mejor por la estabilidad de la pareja, no sé, por eso preferimos que estas cosas se discutan, que se convoque a psicólogos, a profesionales, sobre las consecuencias que podría tener. “Pero no es ni homofóbico el discurso ni mucho menos, ¿eh? Es una cuestión jurídica”, concluyó. Sobre la propuesta de plebiscito planteada por diputados del PRI y del PAN, la Red de Diversificadores Sociales divulgó esta tarde un comunicado para puntualizar que la discusión del tema ya fue rebasada en el Congreso local, en virtud de que hasta la fecha la organización ha conseguido por la vía del amparo 11 sentencias favorables individuales y colectivas. En estas sentencias, los juzgadores han declarado inconstitucional el artículo 15 del Código Familiar del estado, que establece la unión civil exclusiva entre un hombre y una mujer, apuntó. “Por más que el Congreso del estado se ha empeñado en refutar las sentencias y actualizar la improcedencia de las demandas, la justicia federal le ha recalcado la falta de argumentos a la Legislatura, e incluso le ha apercibido con multarle si no acata las sentencias”, expuso la Red. Incluso conminó a los diputados y diputadas que se pongan a leer las jurisprudencias de la Suprema Corte y las sentencias de los juzgados federales en el estado que se encuentran en el archivo del Congreso. La Red anunció que este viernes acudirá ante el órgano colegiado del Tribunal de Circuito para que establezca la declaratoria general de inconstitucionalidad que prevé la Ley de Amparo, porque con más de siete sentencias se cumple el requisito previsto para ello. “Reprobamos la propuesta de llevar a consulta los derechos de las personas LGTB. Estamos totalmente en contra y la combatiremos de forma enérgica”, advirtió la organización, e hizo un llamado a toda la comunidad para unirse a estas acciones.