MÉXICO, DF (apro).- La Procuraduría General de la Republica (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), lleva a cabo un despliegue ministerial para vigilar la elección extraordinaria en el municipio de Tixtla, Guerrero, que se realizará este domingo 29. El objetivo es dar garantías a la ciudadanía para que en este proceso electoral salga con tranquilidad a ejercer su derecho a votar por la opción política de su preferencia. El 19 de julio la Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero invalidó la elección del ayuntamiento de Tixtla y revocó la constancia de mayoría al priista Saúl Nava Estudillo como presidente municipal, quien ya había sido declarado alcalde electo. También se canceló el triunfo de síndicos y regidores. El argumento es que no se permitió la instalación de casillas en 40% de los lugares indicados, debido a que estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) impidieron su instalación, o bien, en otros casos, quemaron la papelería electoral en las calles. Otra de las razones es que fueron robadas un total de 24 casillas en el municipio. Además, se realizaron tres impugnaciones por parte de los partidos PRD, PT y Morena, indicó Ramón Ramos Piedra, magistrado del Tribunal Estatal Electoral, quien señaló que será el Congreso local el que designe a las autoridades interinas en Tixtla. En un comunicado, la dependencia informó que estará pendiente de las posibles denuncias que se puedan presentar antes, durante y después de la jornada electoral. Las violaciones que se pueden presentar el día de la jornada y que están señalados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales son las siguientes: Recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos y apoderarse, destruir, alterar, vender o suministrar de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales. Asimismo, obstaculizar o interferir el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. También que se obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto y realizar por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla. La Fepade destacó que con los servicios suficientes para que el ciudadano que así lo desee denuncie un hecho ilícito y con ello contribuya a una adecuada procuración de justicia penal electoral, en aras de la legalidad y la denuncia.