LEÓN, Gto. (apro).- El alcalde panista de León, Héctor López Santillana, denunció que su antecesora, la actual diputada federal priista Bárbara Botello Santibáñez, dejó un “boquete” financiero de casi 300 millones de pesos; una nómina inflada, compromisos de obra pública incumplidos, y el parque vehicular de la policía en mal estado. Incluso, dijo, desaparecieron los inventarios de armas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Después de las elecciones de junio y hasta el 9 de octubre pasado, a unas horas del cambio de gobierno, la administración priista contrató a 400 empleados que heredó al gobierno actual junto con la insolvencia para cubrir los pagos y prestaciones de fin de año a los empleados de la administración centralizada. Aunque el panista no mencionó nombres ni el tipo de responsabilidad en que pudo haber incurrido la actual vicepresidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados o sus colaboradores, López Santillana dijo haber encontrado un municipio “desvalijado” por lo que el informe será entregado al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso estatal para que determine si procede alguna sanción o denuncia. En conferencia de prensa, acompañado por los directores de las áreas centralizadas, el presidente municipal presentó un informe derivado de una revisión de los directores a todo el proceso de entrega-recepción efectuado con sus antecesores, a casi dos meses de haber asumido el cargo. Recordó que paralelo a esto, el Órgano de Fiscalización Superior efectúa por lo menos dos auditorías integrales a los ejercicios fiscales del gobierno de Bárbara Botello, a solicitud del Congreso, así como la revisión a las cuentas públicas respectivas. De la revisión realizada por los directores de área –un “diagnóstico de incidencias” dijo el alcalde- se detectó un faltante de 294.9 millones de pesos, cifra que podrían aumentar una vez que se profundice en las revisiones. Al detallar los faltantes presupuestales que causaron el “boquete” provocado por la administración de Botello, mencionó la falta de 50 millones de pesos para pagar la modificación del contrato con la empresa Red Recolector, encargada del servicio de recolección de basura, un polémico y caro contrato adjudicado durante la gestión de la priista. Tampoco se previó el pago de 15.2 millones de pesos para los operativos de fin de año de las distintas corporaciones de seguridad: policía, protección civil y tránsito, incluyendo la falta de liquidez para el gasto corriente, el abastecimiento de combustible, el mantenimiento y la liberación de parque vehicular descompuesto de estas instancias. La mitad del parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública tiene fallas mecánicas o de plano está detenido porque no funciona, señaló López Santillana. La SSP es una de las dependencias con mayor número de irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción. Además del estado del parque vehicular, hay expedientes extraviados y no se encontró un solo inventario de armas y equipos. Se reportó el incumplimiento de un contrato para varias campañas de prevención del delito; la bitácora de mantenimiento del helicóptero no está completa, y tampoco se cumplió con un pago de obligaciones al Centro de control de confianza para tener el expediente de ingreso de los nuevos cadetes a la Academia metropolitana de seguridad. Además, el alcalde recordó que hace unos días se dio a conocer que el municipio perdió 43.6 millones de pesos correspondientes a la segunda ministración del Subsemun (Subsidio federal de seguridad para los municipios), debido a la falta de comprobación de las ministraciones previas. Desfalco generalizado También se encontró un atraso considerable en el Sistema Integral de Transporte, lo que pone en riesgo recursos otorgados por Banobras para este propósito, a través de un crédito adquirido por la administración de Botello Santibáñez. Tampoco se dejaron los recursos suficientes para cubrir el pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP) a la Comisión Federal de Electricidad, por un monto de 34.5 millones de pesos. En el rubro de obra pública, describió el alcalde, se encontraron faltantes por 63.8 millones para corregir omisiones en el proyecto de construcción del bulevar Las joyas, y otros 23 millones para las obras complementarias del parque industrial Las colinas, un compromiso también adquirido por el gobierno anterior, del PRI. “Otro tema fundamental que nos tiene sumamente preocupados, es el de la nómina y personal de la administración centralizada. El 10 de octubre recibimos el gobierno de León con seis mil 650 servidores públicos basificados; otros 100 contratados eventualmente, (pero) el total de posiciones autorizadas por el ayuntamiento en toda la administración pasada es de seis mil 944 servidores públicos, 63 eventuales y otros 116 contratados por honorarios, que no fueron reportados en la entrega-recepción”, reportó López Santillana en este renglón. Para soportar el déficit presupuestal en la nómina (de 243 millones de pesos por año), la administración priista mantuvo entre 650 y 750 vacantes. Hoy el gobierno panista se dice insolvente para erogar 37.5 millones de pesos por concepto de nómina y prestaciones de fin de año para los trabajadores municipales. Como una de las medidas a asumir para responder a esta crisis, el alcalde solicitó un adelanto por 121 millones de pesos de las participaciones federales entregadas a través del gobierno estatal, así como la revisión del cálculo del Derecho de Alumbrado Público. “La administración municipal ha instruido a todos los directores a tomar medidas urgentes para salir delante de esta administración. En seguridad pública, priorizaremos el dinero para atender la seguridad y la reparación del parque vehicular. Ya comenzamos a negociar pago de afectaciones con particulares y algunas paraestatales, como Conagua, a quien se le deben 2.4 millones de pesos por extracción y descargas de concesiones de pozos en comunidades”, dijo. Por último el alcalde panista aseguró que este informe fue presentado “con el ánimo de transparentar, sin hacer señalamientos sin sustento ni acusando sólo por acusar” pero confirmó que todo el informe será entregado al Órgano de Fiscalización Superior para que éste revise si finca responsabilidades.