MÉXICO, DF (apro).- Los cuatro maestros oaxaqueños de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) que se encuentran en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, fueron detenidos sin orden de aprehensión por personas vestidas de civil “fuertemente armadas” los pasados 28 y 29 de octubre y permanecieron incomunicados durante 11 horas, denunciaron hoy integrantes del sindicato disidente. Asimismo, aseveraron que los cuatro profesores fueron llevados a la cárcel por policías federales “como si fueran culpables y delincuentes de alta peligrosidad” y declararon con la presencia de un abogado de oficio. No fue sino hasta siete días después de su detención que pudieron platicar con sus defensores, aseveraron éstos. Previo a su detención, resaltó la Sección 22, los profesores fueron vigilados, amenazados y sus celulares intervenidos, mientras Efraín Picazo Pérez tuvo su cuenta bancaria bloqueada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la justificación de que la Sección 22 “financia un movimiento armado”, según los defensores del sindicato. La defensa y familiares de los cuatro docentes insistieron en que el gobierno apostó a la “criminalización” de la organización sindical pese que los maestros “no son delincuentes”. Según la versión del gobierno, el 29 de octubre la PGR detuvo a los cuatro maestros después de que mantuvieran un bloqueo de tres días en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Ese día, la PGR difundió en los medios unas “fichas” correspondientes a las actividades sindicales y protestatarias de los maestros en Oaxaca. La PGR inculpó a Efraín Picazo Pérez de cinco delitos en cuatro causas penales, entre otros, por “robo de libros de texto gratuitos”, “robo calificado de cámaras de vigilancia del C4” y “daños en perjuicio del estado de Oaxaca”. Othón Nazariega Segura, por su parte, fue objeto de 10 órdenes de aprehensión, entre ellas, por “delito contra el consumo de la riqueza nacional” y “daños al cuartel militar”. Juan Carlos Orozco Matus fue inculpado por dos delitos, y Roberto Abel Jiménez García por el delito de “robo con violencia”. “El gobierno mexicano está llenando las cárceles de luchadores sociales”, subrayó por su parte Héctor de la Cueva, integrante del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).