CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CEDHM) emitió una recomendación bastante laxa al gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, al fiscal general de justicia, Javier Pérez Durón, y a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, respecto del caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, quien fuera secuestrado, asesinado e inhumado en una fosa clandestina junto con otros 150 cuerpos. De acuerdo con el documento, mismo que fue notificado el pasado viernes a la familia de Oliver, así como a las autoridades enunciadas, el gobierno debe reparar el daño a las víctimas, además de ofrecer garantías de que no volverá a ocurrir un hecho similar, así como realizar una serie de acciones para resolver el asunto de las fosas comunes del gobierno en Morelos. Entre las medidas más directas se encuentra la creación de una fiscalía especial. El documento establece que deben repararse “los daños y perjuicios, causados a las víctimas y a sus familiares, abarcando el daño moral, psicológico, económicas y materiales, así de manera integral acorde a la ley”, además de “elaborar banco de datos con las víctimas y el tipo de reparación a que a lugar”. También ordena la constitución de un “departamento de identificación humana” mismo que debió haberse integrado desde 2007, que estará “bajo la supervisión de la Coordinación de Servicios Periciales”, y que llevará un control y registro para identificar adecuadamente los cuerpos de las víctimas en general y que el caso de las fosas clandestinas ha dejado a descubierto las carencias. Además, con ello debe garantizarse a los familiares la posibilidad de identificar a sus seres queridos. Otro ordenamiento es que exista “capacitación para la elaboración y aplicación de protocolos respetivos para el manejo de cuerpos y víctimas del delito, particularmente privación ilegal de la libertad, secuestro y homicidio, dichos protocolos deberán evidenciar las responsabilidades a que haya lugar en caso de incumplimiento de parte de los servidores públicos”. Asimismo, que se “desglosen los delitos que se cometieron al inhumar y exhumar el cuerpo de Oliver Wenceslao, así como de los otros cuerpos en la fosa irregular de Tetelcingo”. Para ello debe crearse una fiscalía especial para la investigación de lo ocurrido el 28 de marzo de 2014, que se garantice una investigación transparente, objetiva e imparcial y un adecuado acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares. Con base en el derecho a la verdad y a la transparencia, le dan un plazo de dos meses y medio a partir de este viernes, cuando se notificó a la Fiscalía, para que se haga público el número de las fosas comunes que se han habilitado en Morelos, tomando como fecha los últimos cinco años, así como la base de datos, donde se encuentren las fichas de identificación humana de los cuerpos en calidad de desconocidos que están a disposición de los fiscales a efecto de que la información sea compartida con las demás entidades federativas y las instituciones relacionadas en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. La CEDHM demandó que el gobernador instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo y se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición. Así como la implementación y actualización de un protocolo de actuación para los fiscales de Morelos, en armonización con las leyes federales y locales, que proporcionen la metodología de la integración de las carpetas donde se localicen o se pongan a disposición de los fiscales cadáveres en calidad de desconocidos. Al gobernador le piden que el registro civil de Morelos genere una base de datos generales, de todas aquellas actas de defunción emitidas a petición del personal de la fiscalía, justificando que son cadáveres en calidad de desconocido. Asimismo que instruya a la Secretaría de Salud que inicie un procedimiento administrativo de validación en el panteón de Tetelcingo, para garantizar su funcionamiento en términos de ley, así como un mecanismo o base de datos, sobre las actuaciones en inhumaciones o exhumaciones que personal de la fiscalía, debiendo contar con datos mínimos. En tanto que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos debe realizar el ingreso de la víctima al registro para que obtenga la reparación respectiva de acuerdo con la ley vigente. La recomendación establece un plazo de 10 días naturales para que se pronuncien sobre su aceptación, contados a partir de este viernes.