Exgobernador exige al Congreso pruebas del juicio en su contra en Colima
COLIMA, Col. (apro).- Por escrito, el exgobernador Mario Anguiano Moreno compareció ante la Comisión de Responsabilidades del Congreso local luego de que fue notificado del juicio político que se sigue en su contra por el presunto desvío de unos 600 millones de pesos durante su administración, que concluyó el 31 de octubre.
La presidenta de la comisión legislativa, Julia Jiménez Angulo, informó que el exmandatario solicitó la documentación que sustenta la demanda de juicio político presentada el 30 de septiembre ante esa legislatura por diputados de PAN y PRD.
Jiménez dio a conocer que en los próximos días será enviada a Mario Anguiano la información requerida, a través del apoderado legal que nombró para atender este asunto, el abogado José Antonio Cabrera Contreras.
En el documento entregado por su representante legal ante la Oficialía Mayor del Congreso, el exgobernador manifestó:
“El hecho de que se me emplace para comparecer a un juicio político, que por lo visto se ha iniciado en mi contra, obliga a la autoridad que lo instruye a enterarme a cabalidad de las constancias que integran hasta ese momento el expediente inherente al procedimiento respectivo”, reclamó.
Añadió que en caso contrario, “equivale a dejarme en estado de indefensión, toda vez que por una parte se me llama a juicio y por la otra no se me entrega copia de la totalidad de los documentos que obran en el expediente, para que esté en aptitud de conocer la imputación que se me realiza y en qué pruebas se sustenta”.
En el documento, cuyo contenido fue revelado hoy por el periodista Juan Ramón Negrete Jiménez en su columna digital “Desde la curul 26”, Mario Anguiano invocó a su favor los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos y pide que se le aplique el principio “pro persona”.
Asimismo, consideró que el acto de emplazamiento que se le realizó se encuentra viciado, ya que “me deja en estado de indefensión”, por lo que insistió en la entrega de toda la documentación “con el propósito de hacer realmente efectivo mi derecho a una adecuada defensa”.
El exmandatario también solicitó que el plazo de siete días naturales establecido para responder el emplazamiento sea contabilizado a partir de que se le entreguen las copias que solicita, y de esta manera “se me permita el análisis de las pruebas aportadas en mi contra para estar en posibilidades de manifestar lo que a mi derecho convenga”.