VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La Fiscalía General del Estado solicitó hoy al Congreso local el desafuero del magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco (TET) y exconsejero del IEPCT, Jorge Montaño Ventura, como presunto responsable en la fraudulenta compra de un edificio para oficinas del organismo electoral. La solicitud fue hecha por la fiscal Emilia Leticia Escobar García a través del expediente FCE-DGI-012/2015 relacionado con la averiguación previa DGI/123/2013. El lunes 9 fueron capturados los exconsejeros Héctor Aguilar Alvarado y Gustavo Rodríguez Castro, quienes junto con Montaño Ventura integraron la Comisión Especial de Adquisición del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) que propuso la compra del edificio que, en posterior investigación, se comprobó que su costo fue mayor a su valor real y con graves fallas estructurales. El inmueble se adquirió en 2011 en 32 millones 600 mil pesos y no se ocupó porque presentaba hundimientos, pues está construido sobre un dren de aguas negras. En 2012, la Contraloría Interna del IEPCT indagó y determinó que el edificio fue sobrevaluado en más de 12 millones de pesos. Luego de ello el Congreso estatal reprobó la Cuenta Pública 2011 del organismo electoral, y más tarde el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) interpuso demanda penal ante la PGJE, ahora Fiscalía General del Estado (FGE). En octubre pasado, la designación de Jorge Montaño Ventura como magistrado electoral por parte del Senado provocó el repudio de PRD, PAN, PVEM, MC, PT y Panal, partidos que integran la mesa del Acuerdo Político por Tabasco (APT). En un comunicado, advirtieron que Montaño Ventura era “inelegible” para ser magistrado del TET por estar sujeto a investigación por la fraudulenta compra del edificio del IEPCT. “Por lo anterior, los abajo firmantes expresan su total desacuerdo con el nombramiento de Jorge Montaño Ventura como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco”, se advertía en el documento firmado por representantes de los seis partidos políticos. Sin embargo, el Senado no dio marcha atrás en la designación y sostuvo en el cargo a Jorge Ventura por un periodo de tres años. Los exconsejeros Rodríguez Castro y Aguilar Alvarado, acusados de ejercicio indebido del servicio público, delito considerado no grave, deberán depositar, cada uno, 33 millones 708 mil 480 pesos para reparación del daño; además, un millón 500 mil pesos de fianza y 3 mil 74 pesos de multa que les fijó la juez sexto penal Guadalupe Vázquez Baeza. Se estima que este jueves el Congreso analice la solicitud del juicio de procedencia en contra de Montaño Ventura. En tanto, el senador Adán Augusto López Hernández, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se deslindó de cualquier irregularidad en la compra del edificio del IEPCT que protocolizó la Notaría 27 de la cual es titular el experredista. El legislador aclaró que desde el 2006 solicitó licencia como notario por los cargos de diputado local, federal y ahora senador que ha venido ocupando. También dijo que está de acuerdo con la exigencia del PRI de investigar su notaría y aplicar la ley a todos los implicados en este caso de corrupción. López Hernández manifestó que el trabajo de los notarios es sólo dar fe de alguna compra, pero no tienen nada que ver con los contratos que se realizan y los precios que acuerden las partes. “Yo fui diputado y ahora senador, son cargos incompatibles, y por eso pedí licencia en el 2006 antes de asumir como diputado local. El año pasado solicité al Senado 10 días de licencia sin goce de sueldo para regresar a mi notaría y firmar un convenio de asociación, y luego retomé mis actividades en el Senado”, justificó.