PUEBLA, Pue. (apro).- El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, acudió este miércoles a la PGJE para exigir que se agilice el esclarecimiento de la agresión que sufrieron estudiantes de esa casa de estudios la madrugada del domingo anterior. Esparza Ortiz, con los directores de las 38 unidades académicas y funcionarios de la administración central de la BUAP, se presentó en las instalaciones de la Procuraduría luego de que los jóvenes presentaron una denuncia penal el martes pasado. Aunque los integrantes del Colectivo Universitario para la Educación Popular (CUEP) han acusado a la rectoría de ser responsables del ataque que sufrieron por parte de un grupo de supuestos porros, en un comunicado la BUAP advierte: “Durante una reunión celebrada en las oficinas de la Procuraduría de Puebla quedó establecido que atentar contra un universitario es hacerlo contra toda la Universidad, por lo que las indagatorias deberán llegar hasta las últimas consecuencias para que a los responsables se les aplique todo el rigor de la ley”. La casa de estudios también destaca el trabajo que ha hecho para ganarse el prestigio que la ubica entre las mejores instituciones de educación superior del país. “La BUAP está concentrada en el trabajo académico en un clima de paz y respeto, por lo que no se puede permitir que intereses ajenos pretendan dañarla”, asegura. También indica que el rector Esparza Ortiz fue recibido por el procurador Víctor Carrancá Bourget, quien turnó el caso al director de Averiguaciones Previas de la Zona Metropolitana, Jaime Huerta. En el comunicado además se destaca que a la salida de las instalaciones de la PGJE, los directores de escuelas, institutos y facultades, junto con el rector, entonaron el goya universitario “como una expresión de solidaridad con los afectados y de unidad con los intereses institucionales”. La BUAP “condena cualquier expresión de violencia y reitera su compromiso con la educación de calidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos”, concluye. La madrugada del domingo 8, activistas del CUEP que realizaban una huelga de hambre en el zócalo de esta ciudad para pedir que la rectoría les permita usar las instalaciones, a fin de impartir cursos propedéuticos gratuitos, fueron reprimidos por un grupo de choque que actuó con la colaboración de policías estatales y municipales. Al menos ocho de 23 jóvenes que se encontraban a esa hora en el campamento fueron secuestrados por el grupo de porros que los torturaron física y psicológicamente para después dejarlos abandonados a las afueras de la ciudad. Reportan grave a activista Integrantes de la Liga Estudiantil Democrática (LED) denunciaron que Nohelia Herrera, de 15 años, sufrió un deterioro en su estado de salud, ya que presenta convulsiones y pérdidas de la noción del tiempo, como secuelas de los golpes que recibió en la cabeza cuando fue secuestrada por supuestos porros, junto con otros siete estudiantes. La joven, indicaron, fue ingresada de nueva cuenta al Hospital Universitario el día de ayer, pero los médicos de ese nosocomio perteneciente a la BUAP se niegan a que sea revisada por especialistas. “Hasta el momento los médicos se oponen a que la revisen especialistas (dado que tiene severos golpes en la cabeza), por lo que los hacemos responsables de que lo que le pueda ocurrir por su negligencia a ellos, al rector Alfonso Esparza y al resto de los niveles de gobierno que están implicados en estas agresiones”, advierten en su cuenta de Facebook. Desde el domingo anterior la joven, junto con otros 13 estudiantes, acudió al Hospital de la BUAP para pedir atención médica horas después de que fueron abandonados por sus captores en un lote baldío del Complejo Industrial 2000. Desde la madrugada del lunes, los doctores la dieron de alta, aunque los estudiantes denunciaron que la joven orinaba sangre y no podía mantenerse en pie. Cuando ya estaba para salir del nosocomio, Nohelia presentó una crisis de vómito y se desmayó, por lo que tuvo que ser ingresada de nueva cuenta, pero horas después, el mismo lunes, los doctores la volvieron a dar de alta. Nelly, una integrante de la LED, dijo que esta tarde la joven fue  valorada por otro médico, quien consideró que la paciente no debió ser  dada de alta, ya que se presume que presenta complicaciones cranoencefálicas y daños en otras partes del cuerpo. La activista agregó que por la noche Nohelia Herrera aún no era enviada a Neurología, pese a que presentaba lapsos de pérdida de la memoria y de la visión. El martes 10, cuando acudieron a la PGJE a presentar la denuncia por la agresión, otra representante de la LED, Ivonne Potrero, denunció que la menor de edad no podía caminar, seguía con sangrados y daño psicológico, pues despertaba bajo la creencia de que aún estaba en cautiverio. Aparte, señaló que Herrera fue objeto de una agresión sexual durante el secuestro, pues los captores le desgarraron la ropa y la “manosearon”, lo que ya fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.