MÉRIDA, Yuc. (apro).- El Juzgado Quinto de Distrito con sede en esta capital admitió un juicio de amparo solicitado por un matrimonio de mujeres contra la negativa de las autoridades del Registro Civil a inscribir a su hijo con los apellidos de ambas. La pareja conformada por Lorena y Karla se convirtió en la primera entre personas del mismo que contrajo matrimonio en Yucatán. Las mujeres se casaron el 4 de enero de 2014 en esta ciudad, amparadas por la justicia federal que ordenó al Registro Civil legalizar ese enlace. Representantes de las agrupaciones Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, AC, denunciaron el caso y destacaron que la sentencia judicial obligaba al Registro Civil del estado a casarlas, pero también a aplicar a su favor la legislación familiar de manera idéntica a la de cualquier pareja heterosexual. Después casarse, Lorena y Karla decidieron tener un hijo. La segunda de ellas dio a luz un varón. El pasado 14 de enero la pareja acudió al Registro Civil para que se expidiera el acta de nacimiento, reconociendo a ambas como madres del menor. “A pesar de que el Registro Civil estaba obligado –al tenor de la sentencia de amparo antes señalada– a registrar al niño con los apellidos de ambas, reconociendo la maternidad de las dos, se negó a hacerlo, argumentando entre otras cosas que el artículo 250 del Código de Familia del estado dice que los hijos e hijas tienen derecho a llevar los apellidos de ambos progenitores, y señalando que es la filiación consanguínea la que determina la maternidad”, denunciaron las organizaciones. Añadieron: “En los hechos esa postura sujeta a Lorena y Karla a requisitos y formalidades que no suelen pedirse cuando se trata de la inscripción de un niño o niña por parte de una familia heteroparental”. Por ello, el pasado sábado 7 el matrimonio solicitó un amparo contra la negativa del Registro Civil para reconocer a ambas como madres del pequeño. En lo esencial argumentaron la violación al derecho a la igualdad y no discriminación reconocido en el artículo primero constitucional; el derecho a fundar una familia establecido en el artículo 4o de la misma Ley fundamental, así como el de interés superior de la infancia, pues dicha resolución impide que su hijo pueda ser registrado y tener un nombre legal y personalidad jurídica, violaciones que deberán ser reparadas por el juez Quinto de Distrito al momento de resolver el juicio de amparo tramitado. Las organizaciones también acusaron al Ejecutivo estatal de negar “nuevamente, a través de las autoridades administrativas del Registro Civil, derechos constitucional e internacionalmente reconocidos a personas de la diversidad sexual”. Resaltaron que esa institución se ha negado de manera sistemática a efectuar matrimonios entre personas del mismo sexo, “orillando a más de 50 parejas a promover juicios de amparo para reclamar el acceso a su derecho”. De igual manera reprocharon al Congreso local su negativa a discutir la iniciativa para reconocer la igualdad formal y material de las familias homoparentales en la legislación familiar del estado, a pesar de existir, desde hace más de dos años, una propuesta en ese sentido en dicho órgano legislativo. Y de nueva cuenta denunciaron “la ausencia total por parte de las autoridades del estado de Yucatán de políticas públicas y medidas legislativas tendientes a generar condiciones de igualdad para las personas” de la diversidad sexual”. Remataron: “Esta actitud expresa no sólo es una clara vocación excluyente por parte del gobernador (Rolando Zapata Bello) y las y los diputados, sino una violación a los criterios internacionales y nacionales, de manera específica los generados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, misma que reconoció la obligación de proteger a todas las familias con independencia de su conformación”.