Inversionistas de Dragon Mart borran evidencias de permisos bajo sospecha

viernes, 13 de febrero de 2015
CANCÚN, Q. Roo, 13 de febrero (apro.- Luego de que autoridades federales y estatales anunciaron que procederán contra los funcionarios que autorizaron y permitieron el desarrollo del proyecto Dragon Mart Cancún, los inversionistas determinaron borrar las evidencias. En la página http://dragonmartcancun.mx, a la que ya no se puede entrar porque está caída, los inversionistas promovían los supuestos beneficios del proyecto comercial y exhibían los permisos estatales y federales que daban luz verde a la construcción del complejo de 722 viviendas, 20 naves comerciales y tres mil locales en 203.83 hectáreas. Entre otros documentos que Real Estate Dragon Mart había subido a su página se encontraba la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), expedida por el Instituto de Riesgo e Impacto Ambiental (Inira) del gobierno del estado. El escrito establece que el 31 de julio de 2012 el apoderado legal de la empresa Real Estate Dragon Mart, Juan Carlos López Rodríguez, tramitó los permisos ante el Inira, órgano desconcentrado de la Secretaría de Estatal Medio Ambiental (SEMA), y en menos de siete semanas el gobierno de Roberto Borge resolvió a favor de los promoventes. El 6 de septiembre de 2012, mediante la resolución INIRAQROO/DG/DIA/156/2012, el organismo precisó: “Se autoriza de manera condicionada en materia de impacto ambiental el proyecto denominado ‘Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras asociadas’”. La autorización fue firmada por el propio titular del Inira, Juan Pablo Ortega Ceballos. En la página también se encontraba el oficio de inspección al predio “El Tucán”, realizado en noviembre de 2012 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el que determinó que no había afectación ambiental. El dictamen, con fecha 26 de noviembre de 2012, resolvió que tras la inspección al predio “no se desprende violación a disposición alguna”, se ordena “el cierre de actuaciones” y se ordena que “se archive de manera definitiva como asunto totalmente concluido”. Dicho documento fue firmado por el entonces delegado de la Profepa, Guy Adrián Piña Herrera, que dejó el cargo el 1 de marzo de 2013, y fue sustituido por Ludivina Menchaca Castellanos, exsenadora por el PVEM. El pasado martes 10, las oficinas centrales de la Profepa dieron conocer que su titular, Guillermo Haro Bélchez, dirigió un oficio al Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat, en el que señala que “un grupo de funcionarios en activo y exfuncionarios de la delegación federal de la Profepa en Quintana Roo eximieron indebidamente al Proyecto Dragon Mart de responsabilidad en materia de impacto ambiental y forestal”. Explica, además, que las resoluciones emitidas por la delegación de la Profepa en la entidad, en noviembre de 2012, fueron emitidas sin rigor técnico-jurídico para determinar que la legislación ambiental federal resultaba aplicable al predio “El Tucán” por su calidad de terreno forestal. Por otra parte, el funcionario federal indicó que en los comunicados dirigidos al gobernador Roberto Borge Angulo y el alcalde Paul Michel Carrillo de Cáceres, se les solicita que inicien los procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al citado proyecto. “En caso de comprobar la existencia de inconsistencias en la emisión de dichas autorizaciones”, Haro Bélchez pidió a Borge y a Carrillo que “realicen las acciones pertinentes conforme a derecho y se deslinden las responsabilidades legales correspondientes”. Luego de lograr los permisos del Inira y después de que la Profepa inspeccionó el predio, el único escollo que enfrentaron los inversionistas fue la negativa del anterior Ayuntamiento, encabezado por el perredista Julián Ricalde, quien a través de la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano se negó a concederles la licencia de construcción, el 23 de abril de 2013. Ricalde tomó esa medida después de una consulta con colegios de profesionistas, universidades y organizaciones ambientalistas. Los promoventes recurrieron a la Sala Constitucional y Administrativa (SCA) del Tribunal Superior de Justicia, que preside el magistrado Manuel Ávila Fernández, y argumentaron que el ayuntamiento se había excedido del plazo de 45 días hábiles previsto por el Reglamento de Procedimiento Administrativo para dar respuesta a su solicitud de licencia de construcción. El 27 de agosto de 2013 la SCA resolvió a favor de la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún SA. “La Sala Constitucional y Administrativa determinó declarar la configuración de la resolución afirmativa ficta, al estimar que la resolución expresa dictada por el secretario municipal de Ecología y Desarrollo Urbano no fue legalmente notificada dentro del plazo previsto en la reglamentación municipal aplicable”.

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