MONTERREY, N.L. (apro).- Los familiares de Brenda Damaris González Solís, asesinada en 2011 en el municipio de Santa Catarina, denunciaron que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) no les permitió recoger los restos de la joven debido a un error en el acta de defunción. De acuerdo con el vocero de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl), Jesús González, la negativa de la PGJ revictimiza a Damaris y a sus padres, ya que no podrán efectuar el entierro de la joven hasta que se resuelva la imprecisión burocrática. En septiembre de 2014, luego de considerar que había dudas sobre la identidad de la osamenta que les entregaron, los padres de Brenda Damaris solicitaron un peritaje independiente, con la anuencia del gobierno estatal, que finalmente confirmó la filiación del cadáver. Mientras se efectuaba la identificación genética en el laboratorio Bode Technology, en Estados Unidos, los 116 restos óseos que fueron exhumados del panteón Santo Cristo, en Santa Catarina, fueron custodiados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) ubicado en el Hospital Universitario. Los familiares acudieron ayer ante las autoridades judiciales de la entidad para entregar los resultados del peritaje independiente en el que se estableció que los restos óseos eran de Damaris. Sin embargo, a la hora de reclamarlos les dijeron que el acta de defunción contenía errores que debían ser corregidos antes de que les fueran entregado. Y es que el documento establece que la joven de 25 años murió en el interior de su domicilio, cuando en realidad fue secuestrada en calles del municipio de Santa Catarina y sus restos hallados posteriormente en una fosa clandestina del paraje turístico de La Huasteca, en esa misma localidad. Además, en el acta aparece una firma que supuestamente era del padre de la víctima, pero éste no la reconoció. Los esfuerzos de la familia por recuperar los restos han sido inútiles, pese a la solicitud de asistencia que se hizo al agente del Ministerio Público Rubén Aguilar y a la titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en el estado, Aixa Alvarado. De acuerdo con Jesús González, el error en el acta de defunción parece doloso, pues la familia tiene una copia del dictamen de muerte expedido por el Semefo con los datos correctos. Y de este documento deben ser extraídos ahora los datos para que el oficial del Registro Civil llene correctamente el documento. La teoría de la familia es que alguna autoridad busca de manera premeditada retrasar la entrega del cadáver y de la documentación precisa para demorar la entrega de beneficios de ley. En un comunicado emitido esta tarde, el Fundenl denunció “la revictimización de las personas que deben afrontar estos terribles tratos por parte de los servidores públicos de Nuevo León, quienes deben procurar la justicia y recuperar el tejido social tan dañado en todo México”.