VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Jorge Montaño Ventura, magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), señaló que es al Senado de la República al que toca remover su fuero para que responda por la denuncia penal en su contra a raíz de la compra fraudulenta de un edificio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), cuando fungió como consejero. Vía “per saltum”, Montaño Ventura presentó un juicio para la protección de sus derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del Congreso local, que la semana pasada dio entrada a una solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) para desaforarlo. En la documentación dirigida al magistrado presidente del TEPJF, José Alejandro Luna Ramos, argumenta que lo correcto “es que sea el Senado de la República el que conozca sobre la declaración de procedencia”, no el Poder Legislativo estatal, ya que los magistrados electorales de las entidades son electos por el Senado y no por los diputados locales. “El Poder Legislativo local no puede remover a petición de una autoridad local al quejoso”, sostiene, y añade que el  Congreso local dio entrada a la solicitud de desafuero sin tomar en cuenta la reforma constitucional en materia electoral de febrero de 2014, que faculta al Senado para designar a los magistrados de los tribunales electorales estatales. “Fue indebida e ilegal la determinación por parte del responsable de dar trámite a la declaración de procedencia que emite la fiscal del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Investigación de la FGE de Tabasco”, afirma. En 2011, Montaño Ventura y los otros consejeros del IEPCT, Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado, formaron parte de una comisión que propuso la adquisición de un edificio para el instituto electoral. El inmueble costó 32 millones 600 mil pesos, pero nunca se ocupó por fallas estructurales. En una investigación posterior, la Contraloría interna del IEPCT encontró que se pagó un sobreprecio de alrededor de 12 millones y presentó denuncias ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), tras la reprobación de la cuenta pública 2011 del organismo electoral por la fraudulenta operación. El pasado lunes 9, los exconsejeros Gustavo Rodríguez y Héctor Aguilar fueron detenidos y encarcelados. La semana anterior la FGE, que sustituyó a la PGJ, solicitó al Congreso local el desafuero del magistrado Ventura Montaño, petición que fue turnada a la Comisión Instructora donde se analiza. Sobre este caso, el titular del OSFE, José del Carmen López Carrera, reveló que son 19 las personas demandadas penalmente ante la FGE por el fraude al IEPCT. Mencionó que la denuncia incluye a los siete exconsejeros del organismo electoral, así como a los integrantes del comité de compras, valuadores, vendedores y a la Notaría número 27 que protocolizó la compra-venta del edificio y cuyo titular es el senador experredista y ahora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Adán Augusto López Hernández.