MÉXICO, D.F. (apro).- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaemor), Jesús Alejandro Vera Jiménez, negó “rotundamente” que su institución participara de un fraude a raíz de un convenio de 700 millones de pesos firmado en 2013 con la Sedesol, en el marco de la entonces incipiente Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), según reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al revisar ese informe, Apro observó que la Uaemor utilizó los recursos –de origen federal-- en subcontratar de manera sospechosa a cinco empresas, a las cuales pagó pese a múltiples irregularidades en la realización de los servicios. La ASF se percató luego que estas cinco empresas transfirieron 416 millones de pesos a una tercera firma, Esger Servicios y Construcciones, totalmente ajena a los contratos. “Me parece inverosímil que el personal de la universidad haya fomentado un fraude, tengo toda la seguridad que no es así”, explicó por teléfono el rector a Apro, al asegurar que en cuanto el órgano fiscalizador le notifique con precisión las observaciones a solventar, “entregaremos toda la documentación”, e incluso afirmó que se encuentra “totalmente dispuesto a caminar de la mano con la ASF”. Vera Jiménez precisó que “efectivamente celebramos contratos con la Sedesol relativos a la Cruzada para los cuales celebramos distintas licitaciones públicas nacionales de procesos de subcontratación en el marco de la legalidad”. En este punto, la ASF detectó que en la cláusula tercera del convenio la Uaemor se comprometió en no ceder, transmitir o transferir bajo ningún título los derechos y obligaciones adquiridos con la Sedesol que encabeza Rosario Robles. “Cuando firmamos el contrato no se estableció esta cláusula de que estábamos impedidos”, se defendió Vera, al añadir que esta forma de operar es común en las universidades: “Una vez que estos recursos, que no vienen por subsidios de la Federación, se convierten en recursos propios y aplicamos nuestra propia normatividad”, la cual, subrayó, autoriza las subcontrataciones. No obstante, la ASF evidenció que “existieron irregularidades en los procesos de licitación, adjudicación y contratación de los proveedores” por las siguientes razones: Tres convocatorias resultaron ilegibles, ya que apenas ocupaban “menos de un octavo de plana”; los expedientes revisados “no contienen la documentación establecida en la normativa y no cumplen con los requisitos que avalen la capacidad técnica y humana de las empresas”, además de que “el objeto social de las empresas es inconsistente con los bienes y servicios licitados”. Asimismo, varias de estas empresas entregaron un domicilio fiscal falso, mientras que en dos más los representantes legales de ambas eran hermanos. “Yo entiendo que el proceso se llevó a cabo cuidando los detalles que marca la normatividad”, argumentó el rector, para luego señalar que los contratos fueron firmados por el comité de adquisiciones de la universidad. También dijo que en el momento en que reciba las observaciones de la ASF, “veré con las instancias de contraloría interna de la universidad para ver si tenemos las pruebas documentales que las solventen”, y ofreció: “No dejaremos este asunto sin respuesta”. “Comisión de 34 mdp” Según la ASF, a raíz del convenio que firmó el rector el 6 de mayo de 2013, la Unaemor pagó poco más de 660 millones de pesos a las empresas y se reservó una “comisión” de 34 millones 867 mil pesos. “¡Por supuesto!”, insistió Vera Jiménez: “Una vez que llevamos a cabo los trabajos, hay algunos remanentes”, reconoció al argumentar que éstos se convierten en “utilidades” para la universidad, mismas que representan “una fuente importante de recursos para llevar a cabo las labores académicas y educativas”. El problema es que, según la ASF, los “trabajos” mencionados no fueron realizados en su totalidad o fueron cobrados con ‘sobrecosto’. “Nosotros tenemos las actas de cierre y sobre todo a satisfacción de la propia Sedesol, lo que es muy importante”, justificó e insistió en que la universidad solventará todo cuando reciba la notificación oficial. Según la ASF, la Uaemor contrató a una empresa para distribuir 31 millones 200 mil bienes de “equipo y material de apoyo para la operación de promotores al interior de la Ruta sin Hambre”, por prácticamente 400 millones de pesos. La ASF observó que estos bienes “no corresponden” con los objetivos de la Cruzada ya que, por ejemplo, incluyeron “triciclos de metal, llantas plástico duro”, “montables para niños”, “flores artificiales” o “mochilas tipo back/pack con tira cruzada y porta-celulares”, entre otros. Además, la ASF remarcó, al comparar los recibos de recepción y al visitar los almacenes en las entidades, se descubrió que faltaban 6 millones de artículos, mientras que muchos de los responsables de las delegaciones de Sedesol no contaban con la documentación adecuada respecto a la recepción de los artículos. “El auditor lo da por hecho” En el transcurso de la entrevista, Jesús Alejandro Vera aseguró que se estaba enterando de las observaciones mientras las leía el reportero, pero señaló que el auditor “lo está dando por hecho” cuando la universidad, según él, no ha presentado aún sus pruebas documentales. “Esa es la observación, ¿no?”, preguntó Vera Jiménez para enseguida plantear: “En un primer tiempo las observaciones de la ASF alcanzaban 90 mil millones de pesos y ahora las rebajaron a 50 mil millones”. La ASF detectó que, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Sedesol firmó otro convenio, con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la cual también subcontrató empresas –una de ellas también contratada por la Uaemor--, dos de las cuales transfirieron dinero a Esger Servicios y Construcciones. --¿No le parece extraña la similitud entre los casos de la UAEM y la Uaemor? --se le preguntó al rector. --Entiendo que hay diferencias entre los procesos, pero no me toca a mí señalar, ya que no son los mismos patrones ni los mismos esquemas. Además, sería muy irresponsable de mi parte dar opiniones sobre las actuaciones de otras instituciones. No obstante, añadió que el rector de la UAEM también tendrá que solventar las observaciones de la ASF, así como las empresas –varias de las cuales no pagaron el Impuesto sobre la Renta (ISR) de los millonarios contratos de los que se beneficiaron. Según la ASF, la Sedesol no monitoreó el destino de los cientos de millones de pesos que entregó a las universidades estatales. Más aún, Vera Jiménez repitió en varias ocasiones que la dependencia a cargo de Rosario Robles cerró las actas relativas a la Cruzada contra el hambre “con entera satisfacción” y “siempre supo” que la universidad realizaba subcontrataciones. “La Sedesol tendrá que aclarar lo que a ellos les toca aclarar”, asentó el rector de la Uaemor.