GUANAJUATO, Gto. (apro).- El Congreso del estado ordenó al Órgano de Fiscalización Superior auditar, de manera integral, la administración de la alcaldesa priista de León, Bárbara Botello Santibáñez. La determinación contó, incluso, con los votos a favor de los diez legisladores de la bancada del PRI. Además, la diputada del PRD Guadalupe Torres Rea, anunció que interpuso una denuncia penal contra quien resulte responsable por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en el gobierno de Botello Santibáñez, quien próximamente podría separarse de su cargo como presidenta municipal. El pasado fin de semana en una visita a León, el presidente del CEN del PAN, Gustavo Madero, arremetió contra la alcaldesa priista. “Será una Botello no retornable”, dijo y calificó su gestión como “una tristeza nacional”. Madero aseguró que la funcionaria priista tendrá que pedir licencia a la alcaldía para no ensombrecer u obstaculizar los siguientes meses de campaña del candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal, el exsecretario de Salud del gobierno foxista, José Ángel Córdova Villalobos. En la sesión del pleno del Congreso de este jueves se aprobó por mayoría –con el único voto en contra del representante del Panal-- instruir al Órgano de Fiscalización Superior para revisar varios contratos adjudicados a empresas fantasmas o inexistentes. En particular revisará las adjudicaciones a siete empresas. Daniel Campos Lango, diputado panista, se refirió a la contratación por más de cinco millones de pesos de una empresa constructora a la que también se le encargó la distribución de golosinas por parte del gobierno municipal de León. La diputada perredista Guadalupe Torres Rea subió a la tribuna para respaldar el acuerdo y aprovechó para anunciar que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Especial de la Procuraduría de Justicia del estado, para que inicie una investigación ministerial por los presuntos delitos de concusión, tráfico de influencias y los que resulten por parte de servidores públicos del gobierno municipal de León. Los señalamientos de la denuncia apuntan a la adjudicación de contratos a dos empresas inexistentes: Advise Experts Trilogy y Asesoría Especializada Especta (AEESA), por un monto superior a los 800 mil pesos. También señalan el pago de cinco millones de pesos a la empresa “Ser soluciones responsables”, cuyo cobro lo efectuó Ramiro Salazar Moreno, empleado de la propia oficina de la secretaría particular de la alcaldesa. En la denuncia, Torres Rea incluyó a Vimacom, empresa a la que se le otorgó un contrato para la construcción de baños rurales, los cuales tuvieron un costo superior al promedio en el mercado. Durante su intervención en tribuna, la diputada del PRD consideró que la alcaldesa Bárbara Botello no debe pedir licencia al cargo hasta que se deslinde su posible implicación en las anomalías que derivaron en la denuncia y la auditoría ordenada por el Congreso. No obstante, demandó que si la funcionaria deja su cargo “que lo haga de una manera transparente y aclare los puntos polémicos de su gestión”.