TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Al menos tres hospitales que debieron estar listos en la administración del entonces gobernador Juan Sabines Guerrero aún no se concluyen y están lejos de operar, pero eso sí, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya detectó un fraude por al menos 400 millones de pesos. En su informe sobre la cuenta pública 2013, la ASF dedicó al menos 23 páginas para exponer el proceso de revisión de la construcción de los hospitales de 30 camas en los municipios de Reforma y Yajalón y del Centro Médico en Tuxtla Gutiérrez, de 180 camas y que lleva el nombre Jesús Gilberto Gómez Maza. Este último fue inaugurado por Sabines Guerrero y el entonces presidente Felipe Calderón, días antes de que dejaran el cargo en noviembre de 2012, con mobiliario que fue prestado y luego desmantelado. En el apartado “Secretaría de Salud, infraestructura hospitalaria en el estado de Chiapas, auditoría de inversiones físicas: 13-0-12100-04-0193”, se detalla paso a paso el proceso de revisión que llevó a cabo la ASF sobre esos tres hospitales de la entidad. Según las previsiones, esos hospitales estarían operando en año y medio a partir de 2009, sin embargo, la ASF constató que los nosocomios presentan avances físicos de 51.9%, 90.0% y 68.3%, respectivamente. La ASF destaca que la Federación entregó a Chiapas mil 652 millones 385 mil pesos, de los que 312 millones 544 mil pesos no tienen justificación de gasto y 92 millones se ejercieron de manera irregular, por lo que deben ser devueltos al erario. También se encontraron 31 observaciones, de las que tres fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del reporte de la ASF. Las 28 restantes generaron 11 recomendaciones, 22 solicitudes de aclaración y una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias de control competente con motivo de dos irregularidades más detectadas. Es por ello que la ASF concluyó que, en términos generales, la Secretaría de Salud, gobierno estatal, ISSSTE e IMSS incumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Peor aún, se señala que los recursos federales transferidos no fueron aplicados en las obras públicas ni fueron destinados a la compra de equipamiento médico y mobiliario; los avances financieros no corresponden con los avances físicos; la conclusión de las obras públicas no coinciden con el periodo de ministración de los recursos asignados y además se incumplieron los plazos convenidos para brindar los servicios médicos a la población.