TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Integrantes del ayuntamiento de Tenejapa interpusieron una demanda penal en contra del exalcalde Esteban Guzmán Jiménez, a quien acusan de desviar recursos por 110 millones de pesos. Guzmán Jiménez fue acusado por presuntamente incurrir en peculado, enriquecimiento ilícito, desviación de recursos públicos y los que resulten ante Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, en donde se presentaron documentos que comprueban que el exedil realizó pagos a empresas sin cumplir las formalidades. En la queja, el síndico municipal Domingo Pérez Girón; el tesorero municipal Roberto Girón Luna, y el director de Obras Públicas, Adolfo López Hernández, sostienen que “en diferentes fechas Guzmán Jiménez ordenó que se realizaran préstamos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2014 al Fondo General de Participación por 11 millones 151 mil 591 pesos sin que hayan sido reintegrados al fondo de origen”. Así, el exalcalde pagó 110 millones 927 mil pesos a las empresas Desarrollo de Infraestructura San Juan Igsa, S.A. de C.V., Telemática y Procesos, S.A. de C.V. y Bufete Especializado en Construcciones y Diseño, S.A. de C.V.. En el oficio OFSCE/AEPEMEP/AM/SAM-A/0535/2014, del 15 de diciembre pasado, firmado por Luis Alberto Valdez Díaz, director de Auditoría a Municipios del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local, ya se había asentado que el exedil no comprobó el uso y destino de 64 millones 291 mil pesos. Incluso, había intentado justificar gastos mediante supuestos pagos a empresas ficticias. Los denunciantes sostienen que Esteban Guzmán Jiménez –militante del PVEM– ha adquirido seis propiedades en Tenejapa, San Cristóbal, Angel Albino Corzo y en Las Rosas. Incluso, algunos de estos bienes están a nombre de su sobrino Adrián Darío López Guzmán Guzmán Jiménez ya había sido encarcelado siete años por los mismos delitos cometidos durante su primera administración (2002-2004). Pese a ello, señalan los denunciantes, la PGJ se ha negado a actuar contra el exedil destituido el 3 de febrero pasado.